Beatriz Mesa García
Profesora de la Universidad Internacional de Rabat
Tras la decisión del Rey Mohamed VI de iniciar a partir de 2013 dos campañas de regularización masiva de migrantes como parte de su nueva estrategia migratoria, Marruecos se prepara para experimentar profundos cambios sociales. La mayoría de migrantes irregulares que buscan legalizar su situación proceden del resto del continente africano y Rabat elabora nuevas leyes que permitan su integración.
El país magrebí, aun siendo emisor de migrantes nacionales y subsaharianos, se ha convertido también en tierra de recepción y destino de flujos migratorios provenientes del África Occidental. Su nueva posición en el ámbito migratorio ha permitido a Marruecos ganar influencia en el continente africano; reposicionarse como un actor influyente en la geopolítica regional del Mediterráneo y diversificar sus alianzas estratégicas hasta ahora centradas en Europa y, de manera creciente, en los países del Golfo.
Tras volver a ocupar su silla hasta ahora vacía en la Unión Africana (2017), Marruecos ha comenzado a desempeñar un papel destacado dentro del paisaje africano. Esta nueva posición en el continente conlleva una carga adicional de responsabilidad en la gestión de las migraciones, consecuencia del papel de ‘jefe de filas’ en este ámbito que el Estado marroquí ha adoptado frente a sus interlocutores africanos.
Se hace necesario analizar la actual estrategia migratoria de Marruecos y los desafíos a los que se enfrenta como consecuencia de la llegada a su suelo de nuevas identidades. El Estado debe proteger en el marco de la «seguridad societal» a una ciudadanía cada vez más plural y diversa. En este sentido, se hace fundamental una mayor implicación de la Unión Europea, y particularmente de España, en la estrategia marroquí.
La península ibérica ha sido en las últimas décadas una importante receptora de población marroquí y subsahariana, y acumula una valiosa experiencia en procesos de integración y diversidad. Toda estrategia que se disponga a proteger a migrantes en tránsito y les proporcione una migración segura y regular presenta ventajas para la visión preventiva de la Unión Europea, que hasta el momento había impulsado acciones limitadas al control de las fronteras y la colaboración en operaciones policiales conjuntas con países terceros.
Hoy, la complejidad de las migraciones obliga a una reflexión global y estructural que se aparte de la visión clásica de la seguridad hasta ahora puesta en práctica. Avalado por la UE, Rabat empieza a diseñar prácticas humanistas en ámbitos clave como la regularización de los migrantes y las políticas de integración dirigidas a estos colectivos. Al mismo tiempo, sigue ejerciendo un rol de gendarme, lo que implica vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes.
España espera de su aliado marroquí no sólo una gestión ordenada y regulada de los migrantes en su suelo, sino también una mayor aceptación de las devoluciones de migrantes irregulares marroquíes de acuerdo con el convenio bilateral de 1992. Esta práctica cobra particular importancia en la actualidad, en vista de un notable incremento de llegadas de embarcaciones de nacionales marroquíes y subsaharianos a las costas españolas.
Las autoridades europeas y españolas pretenden que Marruecos comience a poner en marcha la misma práctica de devoluciones, a partir de su suelo, de migrantes de países terceros. Al igual que existen convenios con Bruselas respecto a nacionales marroquíes, Rabat tendría que establecer acuerdos bilaterales con la vecindad africana para que se acepten las devoluciones de sus migrantes. Un primer intento y de manera coyuntural se realizó a través de la mediación de las embajadas africanas tras las entradas masivas del pasado mes de agosto en la ciudad de Ceuta.
Hay que destacar la contradicción a la que se enfrenta Marruecos. El país implementa, por un lado, una estrategia migratoria que regulariza a migrantes, proyecta una imagen humanista, compasiva y responsable del Estado. Por otro, reprime con violencia flujos de personas indocumentadas por vía terrestre y marítima que intentan acceder al territorio español.
Este artículo es un resumen de la Nota Prospectiva Opex, nº 54/2018 de Fundación Alternativas
