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El Gobierno español ha condenado la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de retirar la personalidad jurídica «de numerosas organizaciones nicaragüenses, de reconocido prestigio, dedicadas, entre otras funciones, a la defensa y la promoción de los derechos humanos».

En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, se señala que «el pleno ejercicio y disfrute de las libertades de asociación, reunión, manifestación y expresión, recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Nicaragua es signataria, es un elemento esencial de la convivencia democrática».

La nota del Ejecutivo se produce después de que el pasado viernes, al menos seis ONG y un grupo de medios críticos con el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fueran registrados sin orden judicial. Previamente, la Asamblea Nacional de Nicaragua había cancelado la personalidad jurídica a nueve ONG, incluida las seis registradas, bajo la acusación de que forman parte de un grupo de organismos que apoyaron «el fallido intento de golpe de Estado», que es como como el Gobierno define a las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron en abril pasado y en las que se han registrado ya centenares de muertos y detenidos.

Ante este hecho, el Gobierno español urge al nicaragüense a “facilitar el ejercicio de esas libertades en el país” y a “encontrar una solución duradera a la crisis política, económica y social que afecta a Nicaragua a través de un diálogo nacional inclusivo y comprometido entre las partes en conflicto».