Naciones Unidas ha adoptado el primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) que se sellará en una cumbre a celebrar en Marrakesh los días 10 y 11 de diciembre. El tratamiento de los refugiados está en el centro de un segundo acuerdo, el Pacto para los Refugiados, que también se aprobará en la cumbre. Los acuerdos no son jurídicamente vinculantes, aunque se espera que sean «poderosísimos» políticamente.
No tenemos ninguna duda de que todos los Estados miembros se van a sentir políticamente comprometidos por él y en la práctica totalmente beneficiados”, ha declarado el embajador de México ante la ONU. Sin embargo, se reconoce «el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino» y muchas de sus formulaciones son imperativas.
El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas como la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal, pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.
Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes durante sus viajes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter «exclusivamente humanitario». Además, los gobiernos prometen garantizar un regreso «seguro y digno» a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un «riesgo real y previsible» de muerte, tortura u otros tratos inhumanos. Los países de origen deberán readmitir siempre a sus nacionales y ofrecerles documentación de identificación adecuados.
El acuerdo no es vinculante y deja claro que cada Estado es soberano para determinar sus propias políticas en este ámbito, pero la Organización Internacional de las Migraciones califica el acuerdo de «histórico». «Es un momento histórico y su potencial es enorme», ha declarado el presidente de la Asamblea General.
El Pacto ha desencadenado un debate controvertido en muchos países, aunque en el nuestro apenas ha llamado la atención. EEUU, Hungría, Austria, Australia, Bulgaria, Chequia, Estonia, Polonia e Israel lo han rechazado de plano y no asistirán a la cumbre de Marrakesh, básicamente para proteger sus intereses nacionales, pero también porque el documento no distingue suficientemente entre migración «legal» e «ilegal», temiendo que el documento se convierta en parte del derecho consuetudinario internacional y limite la soberanía nacional en cuestiones de migración.
En Alemania, el pacto migratorio ha sido objeto de controversia durante semanas. El ministro de Sanidad Jens Spahn, candidato a la presidencia de la CDU, exige una votación en la conferencia del partido de los días 7 y 8 de diciembre. Spahn respondió así a las críticas de la AfD (Alternative für Deutschland), que habla de un «pacto para abolir las fronteras». También los Gobiernos de Croacia, Eslovenia e Italia han criticado el pacto y todavía no está claro si participarán en la cumbre de Marruecos.
Un pacto no vinculante se antoja en principio innecesario, pero los recelos de muchos están, a mi juicio, plenamente justificados.
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