<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Ciudadanos ha pedido al Gobierno que impulse una reforma de la Ley de Acción Exterior a fin de reforzar su margen de actuación contra las llamadas ‘embajadas’ catalanas.</strong></h4> En una <strong>Proposición No de Ley</strong> publicada la pasada semana por el Congreso, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos recuerda que la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014 establece que cualquier acción exterior que lleven a cabo las comunidades autónomas deberá estar “en línea tanto con el interés general de España como con las directrices que fije el Gobierno” y “no podrá perjudicar ni influir la política exterior que fije el Gobierno de España”. No obstante, estas disposiciones no han impedido que algunas representaciones se hayan <strong>“extralimitado sus competencias”</strong>, atribuyéndose “competencias reservadas en exclusiva al Estado”, tal “como falló el Tribunal Constitucional en 2017” cuando se pronunció contra la Ley del Parlamento de Cataluña de 2014 que pretendía regular la acción exterior de la Generalitat. Según Ciudadanos, <strong>las delegaciones abiertas por el Gobierno catalán en París, Roma, Berlín, Londres, Ginebra y Nueva York</strong> tras levantarse la aplicación del artículo 155, más la de <strong>Bruselas</strong>, que “nunca llegó a clausurarse”, están siendo utilizadas <strong>“para recabar apoyos internacionales al proyecto independentista y dañar la imagen de España en vez de promocionar los intereses de Cataluña”.</strong> <strong>“El Gobierno recurrió ante el Tribunal Superior de justicia de Cataluña la reapertura de las delegaciones cerradas con el 155, pero su argumento fue solo formal: la Generalitat no pidió el informe previo, corno es preceptivo”</strong>, lamentó Ciudadanos. A juicio de la formación naranja, <strong>“la única forma de cerrarlas” sería denunciar ante la justicia sus actividades presuntamente ilegales</strong> y que, “en cumplimiento de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales”, esta actuación se realice “a través de un procedimiento gradual, que incluiría la posibilidad de cierre de las oficinas que no cumplan con los requerimientos planteados”. Con estos argumentos, la PNL insta al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley de 2014 a fin de “reforzar el control que puede ejercer el Gobierno sobre la acción exterior de los gobiernos autonómicos” y de asegurar que se cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional “que permiten al Gobierno establecer medidas para regular y coordinar la acción exterior que realicen los gobiernos autonómicos para garantizar el principio de unidad de la acción exterior del Estado”. Asimismo, las reformas deberían “garantizar “que las representaciones de gobiernos autonómicos en el exterior informan al Ministerio de Asuntos Exteriores de las actividades en las que participen, a fin de que el Gobierno pueda determinar “si cumplen o no con el principio de la unidad de la acción exterior del Estado” y, por tanto, “permitir o no su celebración”. En caso de que una representación de un gobierno autonómico en el exterior “organice sistemáticamente actividades que el Ministerio de Asuntos Exteriores considere que ponen en cuestión el principio de unidad de la acción exterior del Estado”, la reforma de la ley debería <strong>“establecer un procedimiento reglado mediante el cual el Ministerio pueda proceder al cierre de dicha representación de un gobierno autonómico en el exterior en cumplimiento con la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales”.</strong> La PNL pide también que se establezca <strong>“un procedimiento sancionador”</strong> para los representantes públicos que organicen actividades “que el Ministerio haya considerado como contrarias al principio de unidad de la acción exterior del Estado”.
