Enrique Miguel Sánchez Motos
Administrador Civil del Estado
En todas las obras, y en especial en las grandes, los cimientos juegan un papel clave. Si el fondo es fangoso, la obra se hundirá. Esa es la situación actual de España, grave pero remediable. Ha llamado atención la noticia de que el Govern de la Generalitat empieza a preocuparse por la exclusión del castellano en Cataluña. ¿Preocuparse? No nos engañemos. Simplemente, la Conselleria de Educacion, dirigida por Josep Bargalló de Esquerra Republicana de Catalunya, ha reconocido que existe un déficit de castellano en zonas de Cataluña en las que la catalanización total amenaza al español. No hace otra cosa que constatar lo que era una realidad voluntariamente ignorada.
El proceso que ha llevado a esta situación se inició en 1983 con la ley de Normalización Lingüística, que fue validada por el Tribunal Constitucional tras ser recurrida por el propio Gobierno de Felipe Gonzalez. Sin embargo, la degradación real de la situación tuvo lugar tras la nueva Ley de Normalización Lingüística de 1998, que abrió la puerta a sancionar a quienes no rotularan en catalán, y que no fue recurrida por el Gobierno de José María Aznar. Lo peor fue que Aznar, para ser investido presidente, acordó con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, unas transferencias en materia de educación que le dieron el poder para desarrollar su plan de adoctrinamiento separatista y la expulsión del español de Cataluña.
Bajo una presunta y “natural” normalización se intensificó un proyecto de catalanización total. En aquellos tiempos, con ETA aún asesinando, el riesgo parecía tan lejano que Aznar no le dio mayor importancia. Sin embargo, la realidad es tozuda. La normativa de la Generalitat permitiendo multar a los que rotularan su comercio solo en español, y no a los que lo hicieran solo en catalán, era una gravísima discriminación. ¿En qué cabeza cabe que Francia, Italia o Gran Bretaña, toleraran que un comercio pudiera ser multado por rotular sólo en francés en Córcega, o sólo en italiano en Sicilia, o sólo en inglés en Gales?
La lengua es un eje imprescindible de vertebración de una nación. El español es elemento esencial para la supervivencia de España. No cabe aceptar que se le expulse de ninguna región de España. Si por error, o mala voluntad, se ha andado ese camino, hay que desandarlo. No hay alternativa.
Por tanto, será tarea urgente del próximo Gobierno de España actuar sobre este tema y tantos otro que nutren el separatismo. Se puede hacer democráticamente con firmeza y serenidad. De entrada, mediante la inmediata aplicación del 155. A continuación, recuperando las transferencias que se hayan hecho y estén siendo mal gestionadas en materia de educación, seguridad, etc. Después, aplicando el artículo 150, una ley de armonización integral sobre temas de gran trascendencia nacional: lengua, banderas, unidad de mercado, educación, sanidad, etc. Y finalmente, si no hubiera otro remedio, a través de una reforma clave para modificar el artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Y todo ello ¿por qué? Porque nuestra misión constitucional sigue siendo “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”. Y ¿en nombre de quién? De todo el pueblo español, en el que reside la soberanía nacional. La Constitución de 1978 fue aprobada por el 88% del pueblo español y en Cataluña por el 91%. A ella hay que atenerse. Aplicarla es nuestro deber. Dejar que se conculque una deslealtad.
05/11/2018. © Todos los derechos reservados
