<span style="font-size: small;">Paso fronterizo de Gibraltar./ Foto: <strong>Archivo Wikipedia</strong></span> <span style="font-size: small;"><strong>Eduardo González.</strong> 20/10/2018</span> <span style="font-size: medium;"><b style="font-size: 1em;">Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguraron esta semana que el protocolo sobre Gibraltar que acompañará al acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE ya está “cerrado” y que sólo quedan por resolver los memorandos bilaterales sobre asuntos concretos, como el medio ambiente, el tabaco, la cooperación en seguridad o los derechos de los ciudadanos.</b></span> De momento, el Gobierno ha optado por relegar cualquier posible acuerdo sobre el futuro estatus de Gibraltar a la espera de que concluyan las negociaciones sobre el acuerdo de retirada, una postura que, según el Ejecutivo, no supone una renuncia a la soberanía. Según explicó<a href="https://thediplomatinspain.com/borrell-gibraltar-se-acercara-espana-tras-el-brexit-por-la-ley-de-la-gravedad/" target="_blank" rel="noopener"><strong> Borrell</strong></a> el pasado miércoles en el Congreso, lo prioritario es encontrar una “relación equilibrada y más cercana” entre Gibraltar y España que beneficie a los ciudadanos españoles afectados por el <i>Brexit</i>. “Si Reino Unido se va de la UE, Gibraltar se va a aproximar a España porque la Ley de la Gravedad existe”, sentenció el ministro. Fuentes diplomáticas españolas han asegurado que el <strong>protocolo</strong> da satisfacción a las “líneas rojas” exigidas por España, ya que deja claro que cualquier asunto relacionado con las relaciones entre Gibraltar y la UE en el futuro precisará de acuerdos bilaterales entre Madrid y Londres. “Está cerrado y los negociadores españoles tienen instrucciones de no dejarlo abrir, por encima de su cadáver”, aseguró el ministro. Aparte, el Gobierno británico también ha aceptado este protocolo y no tiene intención de introducir modificaciones. Por lo que respecta a Gibraltar -y a pesar de la satisfacción mostrada este jueves por el ministro principal, <a href="https://thediplomatinspain.com/picardo-elogia-la-postura-de-sanchez-en-la-negociacion-sobre-gibraltar/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Fabián Picardo</strong></a>- no se han aceptado algunas de las principales peticiones de su Gobierno, entre ellas que el asunto del Peñón no fuera mencionado en el acuerdo de retirada y que se les permitiera participar en la firma de los acuerdos que les afecten. <span style="font-size: medium;"><b>Memorandos</b></span> Por otra parte, los memorandos, que han de establecer de manera bilateral España y Reino Unido y no forman parte del tratado de salida (y, por tanto, no condicionarán la firma del acuerdo global), se están negociando paralelamente al acuerdo del <i>Brexit</i> y tanto la parte española como la británica están especialmente interesadas en que se firmen cuanto antes y, a ser posible, todos al mismo tiempo. Según explicó Borrell, de momento ya se ha alcanzado un acuerdo en cuatro de los cinco memorandos, y “en lo que no nos pongamos de acuerdo, lo dejaremos para el periodo transitorio, porque el <i>Brexit</i> no necesita los memorandos”. El ministro no dio detalles sobre qué memorandos están más avanzados o más atrasados. No obstante, según indicaron fuentes cercanas al tema, de momento ya están cerrados o prácticamente cerrados los memorandos concernientes a los derechos de los ciudadanos, medio ambiente y pesca, cooperación policial y tabaco. <span style="font-size: medium;"><b>Derechos de ciudadanía y trabajadores</b></span> El memorando sobre los derechos de ciudadanía se refiere, fundamentalmente, a los derechos de los españoles que trabajan en Gibraltar (alrededor de 8.000 de un total aproximado de 12.000 trabajadores extranjeros). El principal escollo es que los trabajadores transfronterizos españoles son fundamentalmente temporeros en sectores como el turismo y la construcción y no se benefician, por tanto de lo acordado para los trabajadores transfronterizos de Irlanda del Norte o de la zona de París, que sólo se aplicará a quienes trabajen en el Peñón al menos una vez a la semana y con contrato indefinido. El protocolo ha dejado claro que, en el caso de Gibraltar, estos beneficios también deberán extenderse a los trabajadores estacionales. Otro problema es el pago de la prestación por desempleo a los trabajadores españoles, que hasta ahora ha adelantado España y que Gibraltar de momento ha decidido no reembolsar. A causa de ello, Gibraltar debe a España alrededor de 500.000 euros desde hace cinco años sólo por este concepto. <span style="font-size: medium;"><b>Medio ambiente y pesca</b></span> <span style="font-size: 1em;">En cuanto a medio ambiente y pesca, de momento parece ser que los gibraltareños se han comprometido a poner fin al </span><i style="font-size: 1em;">bunkering</i><span style="font-size: 1em;"> y a no seguir obstaculizando en su trabajo a los pescadores españoles. Este memorando están también prácticamente cerrado.</span> Por su parte, España ha dejado bien claro que no aceptará que sea Gibraltar la que conceda el derecho a pescar, ya que considera que las aguas son legalmente españolas (no figuran en el Tratado de Utrecht) y, por tanto, el Peñón no tiene autoridad para ello. <span style="font-size: medium;"><b>Tabaco</b></span> Otro memorando prácticamente cerrado es el referente a la cooperación policial y aduanera. Asimismo, también se han producido avances -aunque aún no está del todo cerrado- en un tema tan espinoso como el del tabaco, tanto en lo referente al contrabando (España está especialmente preocupada por sus relaciones con otras redes criminales) como a la homologación de precios. Los ingresos del tabaco aportan los únicos impuestos que recibe la administración gibraltareña, que no quiere, por tanto, matar la gallina de los huevos de oro reduciendo las diferencias de precios, que tanto favorecen a los gibraltareños frente a los españoles. De momento, Gibraltar se ha comprometido a reducir la diferencia en un 30%, en un plazo de dos años. <span style="font-size: medium;"><b>Aeropuerto</b></span> A partir de aquí, los problemas se agravan considerablemente. Uno de los principales escollos, y al que seguramente se refirió Borrell cuando habló del “periodo transitorio”, es el del aeropuerto, situado en la zona del istmo (no incluida en el Tratado de Utrecht y ocupado ilegalmente por los británicos desde principios del siglo XX) y por cuya causa España había vetado todas las normas comunitarias sobre aviación civil, incluso con terceros países, que incluyeran a Gibraltar. Tras el fracaso de los acuerdos anteriores de Londres y Córdoba, España ha propuesto una nueva fórmula de uso compartido en una sola terminal por la cual los británicos gestionarían el tráfico con los países que no son de la zona Schengen y España el tráfico de los países que sí lo son. De momento no hay avances y no se descarta que las negociaciones se pospongan al periodo transitorio. En todo caso, haya o no acuerdo, la salida del Reino Unido dejará a Gibraltar fuera de la UE y por tanto, de la legislación europea sobre aviación civil, por lo que España ya no tendrá que seguir vetando los acuerdos comunitarias en esta materia. <span style="font-size: medium;"><b>Régimen fiscal</b></span> Otro asunto espinoso, el del régimen fiscal, no puede ser tratado mediante un memorando porque se trata de un caso de reserva legal y, por tanto, cualquier acuerdo en esta materia debe arreglarse mediante un tratado internacional, en este caso entre Madrid y Londres. El objetivo de España es que se ponga fin a un régimen fiscal implantado en los años setenta para compensar el cierre de la verja por parte del régimen franquista y que supone (con la exención de IVA y del impuestos de sociedades, por ejemplo) una competencia desleal para la economía española, lo cual se deriva en el desplazamiento al Peñón de empresas españolas de servicios financieros o juegos <i>on line</i>. De momento se han registrado algunos avances, como el compromiso de elevar el impuesto de sociedades al 10%, pero a juicio de España sigue habiendo competencia desleal y aún quedan algunos detalles importantes por resolver, como el intercambio de información sobre empresas españolas radicadas en Gibraltar. Aparte, si Gibraltar decide colaborar finalmente, España debería dejar de considerarlo un paraíso fiscal.
