El Perito Judicial es una institución de apoyo a los servicios de Justicia que no funciona igual en todos los países de la Unión Europea. Según diversas fuentes de este colectivo, la adecuada determinación del perito judicial incide directamente en el colapso no solo de los Juzgados, sino de que un asunto se ventile con agilidad. De hecho, una de las principales causas del atasco judicial procede de la inadecuada designación de los peritos judiciales, cuya renuncia supone retrasos medios de 4 a 6 meses.
En muchos casos de especialización, como pueda ser el de las cláusulas suelo, los procedimientos se han prolongado entre dos y tres años debido al excesivo volumen de demandas que han recaído sobre los juzgados.
Según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los últimos ocho meses solo se han resuelto un poco más del 6% de las 25.000 demandas que han sido presentadas hasta la fecha en el juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona, que es el que fue designado especialmente para estos trámites.
Otro juzgado en el que se amontonan los casos de las cláusulas suelo es el de primera instancia número 101 bis, que en un año ha recibido cerca de 50.000 demandas. En la práctica totalidad de estos casos se requiere de informes periciales que son redactados por profesionales expertos en la materia y que sirven para que los jueces se hagan una compostura de lo que realmente ha ocurrido.
Según alertan fuentes de la judicatura a nivel nacional en el sector de la justicia falta personal en la mayor parte de los juzgados españoles. También se lamentan de las condiciones en las que el personal, funcionarios y jueces deben realizar su trabajo y de la falta de medios materiales en general incluyendo el apoyo de los peritos judiciales. En otros muchos casos la falta de espacio y orden es lo que hace que los juzgados estén saturados y colapsados.
Pero la labor del perito judicial, como “colaborador de la Justicia”, no está formalmente reglada, aunque sí regulada por Ley, como la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de la reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero de enjuiciamiento civil.
Un perito judicial es realmente un profesional encargado de elaborar el informe o dictamen judicial tras realizar un exhaustivo peritaje dentro de una investigación que forma parte de un proceso judicial. La rendición de su informe en tiempo y forma puede ser crucial en determinados casos. Es lo que ocurre con los forenses, o con los peritos informáticos en los casos de fraude informático tan en boga en los últimos tiempos.
El tipo de peritos judiciales requeridos por los juzgados suelen ser profesionales con conocimientos especializados y reconocidos de acuerdo a sus estudios superiores, a su formación o, incluso, a su experiencia profesional en determinado oficio, con conocimiento fundado que ayuda al juez a determinar un caso.
En cierto modo, los peritos son los encargados de suministrar información o bien una opinión fundada a los tribunales de justicia, con respecto a los puntos litigiosos que son sometidos a su dictamen. Según José María Oliva, de Peritos Expertia (www.peritosexpertia.com), “la labor del perito judicial es crucial para la resolución de la mayor parte de los casos, y hoy en día casi todos los jueces se apoyan en las conclusiones de expertos para dictar sentencia, por lo que su concurrencia es clave”.
En el mundo judicial hay varios tipos de peritos, de dos clases generales: por un lado, los peritos designados por el juez y por el otro, los peritos que presenta una o ambas partes dentro del proceso judicial.
Tanto el juez como las partes involucradas en un juicio pueden presentar un perito judicial entendido en una misma materia, pero en el caso de los profesionales presentados por las partes involucradas, será el juez o fiscal quien tendrá la decisión final acerca de la participación de este experto en la investigación.
Todo testimonio e informe judicial presentado por un perito que sea aceptado y forme parte de esta clase de procedimiento, tendrá el mismo grado de relevancia, independientemente de quien haya convocado su participación. En otras palabras, la opinión especializada de cualquier perito judicial siempre será tenida en cuenta por el juez, que puede requerirle para que se ratifique durante la vista de un determinado juicio.
Los peritos son los que se encargan, en muchos casos, de realizar una valoración o estimación final sobre un caso en particular, de elevar conclusiones o de probar a favor o en contra de tal suceso o hecho, de tal manera que puede llegar a echar por tierra las peticiones del fiscal o de la acusación. Para llegar allí el perito debe investigar, y para ello, necesita reunir pruebas y compararlas y analizarlas, por lo que su trabajo es exhaustivo en este sentido y apunta a indagar en detalle sobre el objetivo a estudiar.
Los medios que debe allegar suelen ser por su cuenta y riesgo, y, casi todas las veces, implican desplazamientos costosos, horas perdidas y todo tipo de actuaciones imaginables que no son cubiertas o costeadas por la Administración, aunque si por alguna de las partes cuando va de parte.
Al final, con la información obtenida el perito puede elaborar el informe judicial, que es una pieza clave dentro de cualquier investigación. En este informe no sólo debe estar la opinión bien fundada del profesional, sino también el detalle de cómo se llegó a las conclusiones que finalmente se obtuvieron.
Por otro lado, junto con el informe judicial, el perito debe entregar los materiales que utilizó para realizar su investigación, teniendo en cuenta que estos elementos pueden ser útiles para una mayor comprensión del caso y al mismo tiempo, para fundamentar la opinión del experto.
