The Diplomat in Spain

Jan Peumans./ Foto: www.janpeumans.be

Eduardo González. 27/09/2018

El Gobierno español ha convocado al embajador de Bélgica en España, Marc Calcoen, para expresarle su “profundo malestar” por la carta del presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, a la ex presidenta del Parlament catalán Carme Forcadell en la que denuncia el encarcelamiento de políticos catalanes a causa de “sus opiniones” y afirma que España “ya no cumple las condiciones para ser parte de una Unión Europea democrática”.

Jan Peumans, militante del movimiento independentista Nueva Alianza Flamenca (NVA) e incondicional partidario del ex presidente catalán Carles Puigdemont, afirmó en su carta a Forcadell que el “insidioso” encarcelamiento de políticos independentistas es una «prueba de que el Gobierno en España ya no puede cumplir las condiciones para ser parte de una Unión Europea democrática«. «Como presidente del Parlamento flamenco, espero que tú y otros políticos catalanes detenidos recuperen su libertad, porque es absolutamente inaceptable que los políticos sean detenidos por sus opiniones«, concluyó.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador fue convocado  el pasado 20 de septiembre por la directora general de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa, Aurora Mejía, para trasladarle el “profundo malestar por el contenido y los términos de la carta dirigida por el presidente del Parlamento flamenco, en su calidad de representante institucional, a la señora Forcadell, hecha pública en redes sociales”.

Asimismo, el encargado de Negocios de España y la Dirección General de Europa del Ministerio de Exteriores belga se reunieron en Bruselas a petición del Gobierno español. En ambas reuniones, precisaron las fuentes, se entregó una copia de la carta de protesta que había hecho llegar el encargado de Negocios de España en Bélgica al presidente del Parlamento Flamenco.

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El tema de Cataluña está empezando a causar cierto “hartazgo” en el propio Gobierno belga

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En esta carta, fechada el pasado 18 de septiembre, la Embajada afirma que Peumans es “libre de tener cualesquiera opiniones políticas respecto a Cataluña”. “Sin embargo, que un responsable político de una región de un país de la Unión Europea se manifieste desde su puesto institucional insultando a un país amigo y aliado como es España al afirmar que no cumple los requisitos para formar parte de la Unión Europea y, sobre todo, faltando a la verdad, es no ya un gesto inamistoso, sin francamente hostil”.

Aparte, la Embajada recrimina a Peumans que se arrogue “la facultad de expedir credenciales democráticas, empleando parámetros a su medida, muy dispares de los que aplica, sin ir más lejos, el Consejo de Europa”, cuyo secretario general, Thorbjorn Jagland, declaró públicamente el pasado 11 de septiembre que “España es una democracia plena, donde impera la separación de poderes y los jueces son independientes”.

La Embajada recuerda también que, “frente a lo que afirma al final de su carta, ninguna autoridad judicial española ha ordenado la detención de nadie por sus opiniones, sino por la presunta comisión de delitos muy graves tipificados en el código penal, tales como la rebelión y la sedición”. «En España la justicia es independiente y rige la separación de poderes. El Gobierno no ordena la detención de las personas y, por tanto, tampoco puede ponerlas en libertad, por lo que cualquier decisión en materia de privación de libertad depende del poder judicial”, añade.

El Gobierno belga ha confirmado la convocatoria del embajador, aunque ha recordado a los medios españoles que «la política exterior de Bélgica la decide el Gobierno federal y no el señor Peumans».

En todo caso, fuentes diplomáticas han indicado a The Diplomat que en el propio Gobierno de Bruselas empieza a haber un poco de “hartazgo” por las repercusiones que el conflicto catalán está empezando a tener en su país e incluso en su política interna.

Al capítulo de Peumans se unen otros episodios de tensión recientes, como la admisión por parte de la Justicia belga de una demanda civil presentada por Puigdemont y otros cuatro exconsejeros catalanes contra el juez Pablo Llarena; las críticas del primer ministro belga, Charles Michel, a la actuación policial del 1-O y en favor de una mediación europea o internacional en la crisis catalana (Michel preside un Gobierno de coalición en el que participa NVA); las declaraciones del vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, el nacionalista flamenco Jan Jambon, en las que criticó a la Justicia española y se mostró dispuesto a conceder refugio político a los prófugos; o la decisión de la Justicia belga de hacer caso omiso a la euro-orden que España había lanzado contra Puigdemont y varios exconsejeros.