El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo./ Foto: AR
Alberto Rubio. 28/09/2018
El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, lanzó ayer dos claros mensajes sobre la revelación de que jueces y fiscales españoles mantuvieron presuntamente relaciones con menores en Cartagena de Indias. Por un lado, rechazó el chantaje “como punto de partida de una investigación” pero también reclamó que, en esta situación, “se sepa quiénes fueron”.
Carrillo, que estos días se ha reunido en Madrid con la cúpula judicial española, incluida la ministra Dolores Delgado, entiende que en este caso debe funcionar la cooperación judicial internacional, “como ya funciona entre Colombia y España”. No obstante, matizó que “uno no puede convertir el sistema de justicia en una caja de dimes y diretes como resultado de intercepciones ilegales”.
El procurador colombiano, que hasta 2015 fue embajador en España, dijo que uno de los temas abordados con Delgado y con la fiscal general española, María José Segarra, fue precisamente el de la explotación de menores. Y subrayó que “España está dispuesta a colaborar en esa materia”.
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Fernando Carrillo también se refirió a la crisis venezolana para reclamar que la Corte Penal Internacional de La Haya acepte investigar los crímenes de lesa humanidad que, según la denuncia presentada por seis países, ha cometido el régimen de Nicolás Maduro.
Según Carrillo, la Corte “debe demostrar que tiene competencia para proceder contra el régimen de Maduro”. Y precisó que ese procedimiento debe ser “de acuerdo al estado de derecho”, no mediante una intervención militar extranjera.
Carrillo recordó los casos de Fujimori (Perú) y Pinochet (Chile) para señalar que el punto de inflexión para los regímenes autoritarios llega “cuando la población concluye que no sólo son déspotas, sino también corruptos”.
