Vista en la sala principal del TJUE./ Foto: TJUE
Eduardo González. 25/09/2018
La Comisión Europea tiene abiertos 96 procedimientos de infracción contra España por incumplimiento de las normativas europeas, tres más que los registrados hace sólo dos meses por el Informe anual de la Comisión Europea.
Concretamente, según informó el Gobierno el pasado 11 de septiembre en una respuesta parlamentaria al Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya en el Senado, actualmente están abiertos «96 procedimientos de infracción que han sido incoados por la Comisión Europea», 36 de ellos (cuatro más que hace dos meses) correspondientes a procedimientos por no comunicación de la transposición completa de directivas y otros seis a procedimientos de recuperación de ayudas públicas incompatibles con el mercado interior.
Como resultado de la tramitación por la Comisión, admitió el Ejecutivo, el procedimiento podría «desembocar en un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)».
El pasado mes de julio, el Informe anual de la Comisión Europea, que monitoriza el cumplimiento del Derecho de la UE, indicó que en 2017 se incoaron 27 nuevos procedimientos de infracción contra España, lo que situaba a nuestro país en decimotercera posición de la lista de 28 países de la UE. Un total de 16 de estos procedimientos correspondieron a transposición tardía. España figuraba, en este aspecto, en la vigésima posición.
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El Gobierno reconoce un ligero incremento pese al compromiso de transponer directivas este mismo año
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Por tanto, aunque los datos correspondientes a 2017 no fueron especialmente negativos para España, nuestro país figuraba a la cabeza de la lista en el capítulo de los procedimientos acumulados desde años anteriores, con 93 casos abiertos, de los cuales 32 correspondían a infracciones por transposición tardía de directivas europeas y los 61 restantes a infracciones por transposición incorrecta o mala aplicación del Derecho de la UE (España era la primera de la lista también en este tipo de infracciones).
El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros –por entonces presidido por Mariano Rajoy- aprobó un plan de acción para garantizar, a lo largo de 2018, la transposición de las directivas comunitarias. La Comisión Europea endureció en 2017 el riesgo de sanciones económicas por parte del TJUE para los Estados que incumplan los plazos, lo que se ha traducido en el descenso global de procedimientos en toda la Unión.
