Borrell junto a Cospedal, nueva presidenta de la Comisión de Exteriores./ Foto: Congreso
The Diplomat. 14/09/2018
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, anunció ayer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que los Gobiernos de España y Marruecos han creado un grupo de trabajo para buscar una solución a la crisis creada por la reciente decisión unilateral de Rabat de cerrar la aduana comercial con la ciudad autónoma Melilla, en el puesto fronterizo internacional de Beni-Enzar.
Según Borrell, la creación del grupo de trabajo fue decidida ayer mismo en Rabat durante una reunión “positiva y cordial” entre la directora general de Aduanas, María Pilar Jurado, y su homólogo marroquí, Nabil Lajdar.
Asimismo, prosiguió, él mismo se ha puesto en contacto, por escrito y mediante conversación telefónica, con su colega marroquí, Naser Buritam, con el que ha coincidido en “la confianza y el deseo de que los contactos entre Ministerios sean provechosos y permitan encontrar soluciones satisfactorias».
La decisión de Marruecos, anunciada el 1 de agosto, fue «unilateral y no comunicada» y se debió, según Borrell, a motivos exclusivamente económicos, concretamente por el interés de Rabat en promocionar el puerto de Nador, muy próximo al de Melilla. Según el ministro, Marruecos tiene derecho, como nación soberana, a tomar este tipo de decisiones, lo que no impedirá que el Gobierno español siga trabajando en favor del desarrollo económico de Melilla.
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Borrell asegura que la acción con Nicaragua se basa en los DDHH, el diálogo nacional y la ayuda humanitaria
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En la misma comparecencia, el ministro se refirió a la “gravísima crisis social y económica” que vive actualmente Nicaragua, cuyas cifras de víctimas son «espeluznantes» y ante la que España “no es ajena ni distante”.
La acción de España, precisó, se basa en “cinco puntos”: el respeto de los derechos fundamentales, la defensa de un diálogo nacional “inclusivo, instructivo y respetuoso”, la presencia de organismos internacionales, el aumento de la ayuda humanitaria y la contribución al proceso de institucionalización democrática.
Con este marco de actuación, el Gobierno mantiene “contactos regulares” con la Embajada de España en Nicaragua y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trató el tema durante su viaje oficial a Costa Rica, a finales de agosto. Asimismo, el Gobierno español “ha planteado la situación de Nicaragua ante los organismos internacionales, por supuesto ante la UE” y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la que España es miembro y en la que ha “coordinado iniciativas con los Estados miembros”.
En el plano humanitario, “la AECID ha reforzado lo que se ha venido haciendo en Nicaragua, un país tradicionalmente receptor de ayuda al desarrollo”, pero las cifras de la ayuda, reconoció, “no son enormes y a veces da cierto pudor anunciarlas”. Hasta la fecha se han aportado 850.000 euros para objetivos como el reforzamiento de las instituciones, la promoción de los derechos humanos y el apoyo a la sociedad civil desde una perspectiva humanitaria.
Aparte, se han suspendido algunos proyectos por motivos de seguridad y se mantiene la cooperación bilateral por considerar que “suspenderla no hubiera hecho más que perjudicar a la población nicaragüense”. También se ha movilizado la cooperación delegada con la UE, y “ahí sí, las cifras son más robustas, ocho millones de euros”.
En cuanto a la colonia española, formada por 2.414 personas, 2.185 de ellas residentes, la Embajada mantiene el contacto con “todos” sus miembros, aseguró el ministro, quien precisó que se ha registrado “un aumento muy espectacular de los trámite consulares, hasta un 40% desde el inicio de la crisis, y así será hasta que el país no recupere la normalidad”.
