The Diplomat in Spain

Enrique Miguel Sánchez Motos

Administrador Civil del Estado 

Viví más de un cuarto de siglo en la España de Franco. Como hijo de la transición opté, como la gran mayoría, por el buenismo. Tras haber pertenecido a un partido socialista no marxista voté, como una gran mayoría de los españoles, al ex Secretario General del Movimiento. Fue un buen negociador. Con maña y astucia, legalizó al Partido Comunista que era, y sigue siendo, ilegal en la Alemania democrática. Conviene recordar que Franco murió en 1975 y que hubo que esperar aún 14 años para que cayera el Muro de Berlín, símbolo del comunismo soviético, del que, por cierto, el Partido Comunista español era tributario.

Los políticos de la transición, casi por unanimidad, quisieron, mediante la ley 46/1977 de Amnistía, superar todos los crímenes de intencionalidad política cometidos antes del 15 de junio de 1977, incluyendo también los recientes crímenes de ETA. Fue aprobada por Unión de Centro Democrático, PSOE, Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España, Minoría Vasco-Catalana y Grupo Mixto, con la abstención de Alianza Popular y los diputados Francisco Letamendia (Euskadiko Ezkerra) e Hipólito Gómez de las Roces (Candidatura Aragonesa Independiente de Centro). En total, 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. Fue una indiscutible manifestación de que los diputados que representaban al pueblo español optaban por sentar las bases para la plena reconciliación y un nuevo comienzo.

Muchos españoles hemos callado, por buenismo, esperando que al final la moderación triunfaría. Sin embargo, hoy es evidente que Zapatero, primero, y ahora Sánchez quieren volver al frentismo de la Guerra Civil, y que, al mismo tiempo, minusvaloran la importancia de la unidad de España, piedra angular de nuestra actual Constitución. Frente a la inmensa mayoría de españoles, que pensamos que en la Segunda República y en la propia Guerra Civil hay luces y sombras en ambos lados, hay un grupo de radicales que siguen queriendo ignorar que 8.000 religiosos fueron asesinados, por el mero hecho de serlo, en el bando “rojo” y que las checas y los “paseos” fueron muy típicos del bando “rojo” y no del bando “nacional”. No quieren escuchar las posturas equilibradas de muchos socialistas como Leguina, Redondo, Guerra y otros.

Ante esa agresiva e injusta visión de la historia que pretenden trasladar a las nuevas generaciones no cabe ya guardar distancias porque tolerar la mentira y la desinformación es lo peor que se puede hacer si deseamos una España de convivencia democrática. Hay que desmontar las mentiras interesadas en que se funda la sesgada Memoria Histórica. Hay que hablar, como mínimo, del clima de desorden en que nació y se mantuvo la Segunda República y del golpe de estado socialista de 1934 y del contexto en el que se produjo el golpe de Estado impulsado por Mola y al que se adhirió Franco.

En mayo de 1931, apenas proclamada la República, se produjo el linchamiento de religiosos y la quema de unos 100 edificios religiosos en Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla, Granada, Cádiz, Murcia y Alicante.

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«El PSOE como persona jurídica haría bien en echar al olvido todas las atrocidades de la guerra, las de uno y otro bando”

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El 5 de octubre de 1934 se desencadenó el hecho más grave del periodo: la Revolución de 1934, el fracasado golpe de estado socialista. El balance fue de unos 1.100 muertos entre los insurrectos y unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército.

Por otra parte, el 6 de octubre, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, dio un golpe de estado al proclamar «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española». La rebelión fue rápidamente dominada al día siguiente. El presidente y los consejeros de la Generalidad fueron encarcelados y el Estatuto de Autonomía de 1932 fue suspendido.

En febrero de 1936 hubo elecciones generales muy equilibradas en votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1%) sobre las derechas (45.6%). La medida más urgente que tomó el nuevo Gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934. Durante los cinco años de vigencia de la Segunda República hubo problemas constantes de orden público, con unas 2.600 víctimas mortales, lo que refleja la intensidad del desorden si se las compara con los 800 asesinatos de ETA, a lo largo de 30 años.

Lo que siguió fue el llamado Alzamiento Nacional y la trágica Guerra Civil. El resto es historia. Ante ella asumo también las palabras con las que Joaquin Leguina terminaba uno de sus artículos: “La gente de mi generación, y menos la de generaciones posteriores, no tenemos responsabilidad alguna en hechos como los aquí narrados, pero el PSOE como persona jurídica haría bien en echar al olvido todas las atrocidades de la guerra, las de uno y otro bando”.

Es hora de mirar los hechos con objetividad y optar por la Reconciliación Histórica. Tras 40 años hay que dar un nuevo impulso a nuestra Constitución, centrados en lo que se establece su preámbulo: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución”. ¡Viva España!

28/08/2018. © Todos los derechos reservados