<span style="font-size: small;">Metro ligero de Jerusalén./ Foto: <strong>Wikipedia CC BY-SA 3.0</strong></span> <span style="font-size: small;"><strong>The Diplomat.</strong> 28/05/2018</span> <span style="font-size: medium;"><strong>El Gobierno ha asegurado que el contrato firmado en febrero de 2017 por la empresa estatal de ingeniería civil Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento, para el diseño de la Línea Azul del Metro Ligero de Jerusalén no supone ninguna violación del Derecho Internacional porque el tramo adjudicado “no atraviesa ninguna zona ocupada por asentamientos israelíes”.</strong></span> El Ejecutivo respondió así a una pregunta parlamentaria presentada por el <a href="http://www.congreso.es/l12p/e7/e_0073427_n_000.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Grupo Unidos Podemos</strong></a> en la que se advierte de que la futura<strong> Línea Azul del Metro Ligero transcurrirá, en varios de sus tramos, por los Territorios Palestinos ocupados</strong> y que la población palestina “ha denunciado reiteradamente” estas obras porque “consolidan la ocupación y pretenden una anexión de facto”. Asimismo, Unidos Podemos denuncia que este contrato se contradice con las propias posturas del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que “rechaza y condena la ocupación y no reconoce la soberanía israelí en Jerusalén Este”, y que, “al igual que otros Estados miembros de la UE”, ha advertido contra las actividades de las empresas en los asentamientos judíos.` [hr style="single"] <span style="font-size: x-large;">Podemos denuncia que el tramo de metro adjudicado atraviesa territorios palestinos, pero el Ejecutivo lo niega</span> [hr style="single"] En su <a href="http://www.congreso.es/l12p/e8/e_0087538_n_000.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>respuesta</strong></a>, publicada a principios de mayo, el Gobierno asegura que <strong>“este tramo no atraviesa ninguna zona ocupada por asentamientos israelíes”</strong> y añade que, hasta la fecha, Ineco no ha recibido ninguna notificación de la ONU sobre la supuesta ilegalidad de estas actividades. El contrato, fruto del acuerdo de colaboración en materia de infraestructura ferroviaria firmado por España e Israel en 2012, está valorado en alrededor de 20 millones de euros. <strong>“La posición del Gobierno es conocida, siempre estará del lado de la legalidad y el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales vigentes</strong>. En esta línea se enmarca cualquier medida que el Gobierno adopte en relación con este asunto”, concluye la respuesta.
