<span style="font-size: small;">Manifestación de este año en las calles de Caracas.</span> <span style="font-size: small;"><strong>Antonio Rodríguez.</strong> 23/04/2018</span> <strong><span style="font-size: medium;">El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, desveló la semana pasada en el Senado que España sólo ha concedido asilo a 15 ciudadanos de Venezuela en 2017 pese al récord de solicitudes que ha habido en los dos últimos años.</span></strong> Un total de 10.350 venezolanos pidieron asilo político en España el año pasado, una cifra que casi triplica a la de 2016 -3.960 solicitudes-. <strong><a href="https://thediplomatinspain.com/el-opositor-venezolano-antonio-ledezma-pide-asilo-politico-en-espana/" target="_blank" rel="noopener">Uno de ellos fue el opositor Antonio Ledezma.</a> </strong>El colectivo venezolano es el más numeroso en este apartado, por delante de sirios, colombianos, ucranianos y argelinos. En opinión del Defensor del Pueblo, resulta “llamativo” que pese al “notable” incremento de peticiones de venezolanos, en 2017 sólo obtuvieron el estatuto de refugiado un total de 15 personas de esta nacionalidad, según indicó a los senadores de la Comisión para Asuntos Iberoamericanos. Además, a ninguno de los solicitantes se le concedió la protección subsidiaria, es decir la medida cautelar para casos en los que se teme por la seguridad de la persona que pide asilo. A 31 de diciembre del año pasado había 45.869 venezolanos con residencia legal en España. De ellos casi 10.000 son pensionistas que están afectados por los impagos del Gobierno de Caracas desde hace dos años, lo que les ha llevado a una situación de “grave precariedad económica y riesgo de exclusión social”. [hr style="single"] <span style="font-size: x-large;">Marugán hizo tres recomendaciones al Gobierno para intentar solventar el problema de los pensionistas</span> [hr style="single"] Fernández Marugán formuló en noviembre de 2017 tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para intentar solventar la situación de estas personas, pero fueron rechazadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por ello, en enero envió sus recomendaciones a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para evitar que este colectivo continúe en una situación “de extrema vulnerabilidad, con ingresos que les impiden cubrir sus necesidades básicas”. Precisamente, la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (FAPEJUVES) <strong><a href="https://thediplomatinspain.com/el-impago-a-los-pensionistas-venezolanos-en-espana-llega-a-la-oea/" target="_blank" rel="noopener">envió en marzo un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) </a></strong> en el que solicitó una audiencia ante este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de exponer el incumplimiento por parte del Gobierno de Nicolás Maduro a la hora de abonar el pago de las pensiones a los venezolanos que residen en España.