Seguidores del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Antonio Rodríguez. 09/04/2018
El Ministerio del Interior ha concedido en las últimas semanas el asilo político a dos empresarios y un editor turcos que lo solicitaron en España a raíz del golpe de Estado de julio de 2016 y la posterior represión de Ankara contra el movimiento de Fetullah Gülen, según supo The Diplomat de fuentes solventes.
Los dos empresarios turcos están afincados en Barcelona y Madrid, respectivamente, y sus solicitudes de asilo han sido tramitadas por el bufete de abogados Cremades&Calvo Sotelo. El editor vive en la capital desde que llegó después del verano y pidió protección al Gobierno español. Se trata de los primeros asilos que autoriza el Ejecutivo de Mariano Rajoy para ciudadanos de Turquía tras la asonada militar fallida de hace un año y medio.
La decisión del Gobierno español se produce, además, en vísperas de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países, fijada para el próximo 25 de abril en Madrid, tal y como adelantó The Diplomat el pasado lunes. Este tipo de encuentros bilaterales al más alto nivel no se celebran desde febrero de 2014, cuando tuvo lugar la quinta edición.
[hr style=»single»]
Estos asilos políticos son los primeros de España tras el golpe fallido en Turquía de 2016
[hr style=»single»]
A los pocos días del golpe de Estado, el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan relevó de sus funciones a tres diplomáticos y un militar de alto rango destinados en España: dos de los diplomáticos trabajaban en la Embajada en Madrid, el tercero estaba adscrito al Consulado turco en Barcelona, mientras que el militar se encontraba destinado en el cuartel general de la OTAN en Bétera (Valencia). Todos ellos se ausentaron de sus puestos tras la intentona golpista y quedaron en paradero desconocido.
Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores admitieron en su momento a The Diplomat que el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue informado de estas destituciones, aunque se desconocía si los tres diplomáticos y el oficial turco de alto rango se habían quedado a vivir en España bajo algún tipo de protección. En todo caso, Ankara no formuló ninguna petición de extradición contra ellos.