Enrique Miguel Sánchez Motos
Administrador Civil del Estado
La tormenta en Cataluña se intensifica. El secesionismo aún no ha visto la firmeza suficiente para detener sus actuaciones ilegales. Las próximas semanas darán muy probable y lamentablemente testimonio de ello.
El secesionismo tiene un objetivo claro: convertir a Cataluña en un Estado. Después vendrán los ‘Países Catalanes’, rompiendo la unidad de la España democrática. ¿Cómo lo pretenden hacer? Mediante un proceso unilateral al margen del Estado de Derecho. El secesionismo es consciente de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. También sabe que los procedimientos legales de reforma de la Constitución se detallan en el título X y, sin embargo, ha optado por un proceso gradual de creación de un contexto antiespañol y favorable al independentismo.
El secesionismo no ha renunciado ni a su objetivo ni a sus métodos. Seguirá intentado recabar apoyos internacionales sobre un tema interno en el que España no debe admitir intromisiones que ningún país europeo aceptaría. Los separatistas pretenden un diálogo político con el Estado, no dentro del Estado, de igual a igual. Eso sería intolerable. Equivaldría a poner al Estado al margen del imperio de la ley.
Ante esta grave situación, los poderes del Estado deben actuar. El Judicial para garantizar la aplicación de la ley mientras los partidos políticos, desde el Ejecutivo y el Legislativo, deben definir estrategias de actuación. En particular, el españolismo democrático y constitucional debe dar una respuesta clara y precisa. La unidad de España y la convivencia democrática no son negociables.
Cabe sugerir tres ejes de actuación:
1) Apoyar al Estado de Derecho, aportando la colaboración y medios que precise la Justicia para que se llegue a la mayor brevedad a dictar sentencia sobre los hechos ocurridos.
2) Desmontar la cultura del odio a España -el principal ariete del separatismo- con varias líneas:
a) la lengua debería ser vehículo de comunicación y convivencia, nunca de discriminación; el catalán y el castellano tendrían igualdad en Cataluña, sin discriminación en trato, subvenciones o ayudas por razón de lengua; no obstante, no se concederían ayudas públicas para acciones culturales que fomenten el odio con argumentos presuntamente identitarios.
b) la enseñanza debería tener contenidos unificados en toda España para evitar interpretaciones tendenciosas en temas sensibles como la historia o la geografía.
c) los medios de comunicación públicos deberían usar con normalidad ambas lenguas en las autonomías bilingües.
d) el respeto inequívoco a los símbolos de España.
3) Resaltar el papel coordinador del Estado, lo que no impediría la gestión descentralizada. Varias líneas estratégicas:
a) el Estado recuperaría la gestión y el control de los Mossos, que quedarían integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para evitar riesgos y malentendidos.
b) unificación de los cuerpos principales de funcionarios públicos para que su selección se haga con los mismos criterios, aunque pudiera ser realizada de forma territorialmente descentralizada, si así se acuerda.
c) facilitar la relación entre los ciudadanos de los distintos territorios, por ejemplo, algún tipo de Erasmus a nivel nacional o inclusive la creación de un Servicio Nacional Voluntario, de carácter civil y/o militar.
La agresión del separatismo contra España nos ha despertado a todos del buenismo con el que se diseñó la Constitución. La estrategia que ahora se sugiere es extensible a todas las autonomías. Es necesario un proceso de armonización paulatino para garantizar la libre circulación de personas y mercancías; la simplificación normativa para evitar cargas adicionales a empresas y ciudadanos; y la igualdad de derechos de los ciudadanos en un Estado orientado hacia la convivencia y la españolidad sin excluir las particularidades. Lo que no es posible es que España se fragmente.
¡Visca Espanya y viva Cataluña!
06/04/2018. © Todos los derechos reservados
