Ministerio de Economía/ Foto: www.mineco.gob.es
The Diplomat. 10/02/2018
El Consejo de Ministros autorizó ayer la adaptación de la legislación española a la directiva de la UE contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La transposición de la norma llega con siete meses de retraso, después de que la Comisión Europea amenazara con sancionar a España por este motivo.
Según informó Moncloa, el Gobierno dio luz verde ayer al anteproyecto de ley que modifica parcialmente la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, “con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo”.
Además, el Gobierno incorporó algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo, que se publicará a lo largo del primer semestre de este año. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.
Pese a que la mayor parte de los elementos de la directiva europea ya están en vigor en España, el anteproyecto incorpora novedades, como la ampliación de los colectivos afectados por la ley, la creación de mecanismos para facilitar las denuncias por parte de las entidades sujetas a la norma (bancos, aseguradoras o despachos de abogados), la puesta en marcha de un registro de personas cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros, el refuerzo de los controles para personas con responsabilidad pública o la creación de bases o sistemas comunes de almacenamiento de datos recabados durante los procesos de identificación de clientes.
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Bruselas amenazó con sancionar a España por retrasarse en una transposición cuyo plazo venció hace siete meses
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Asimismo, endurece el régimen sancionador por incumplimiento de la normativa, de manera que las multas máximas pasan del 5% del patrimonio neto de la entidad al 10% del volumen de negocio consolidado del grupo. Finalmente, se refuerzan también los sistemas de cooperación entre supervisores europeos dedicados a esta materia.
El pasado mes de noviembre, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España por no haber introducido en su legislación nacional la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales dentro del plazo previsto, aprobada por la UE en 2015 y que se debería introducido en la legislación española en junio de 2017, como muy tarde. En caso de persistir, España hubiera sido denunciada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
