Carlos Uriarte
Profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos
Una presunta estafa telefónica cometida por ciudadanos taiwaneses puede poner a 121 personas de este país asiático, con el que España no mantiene relaciones diplomáticas, en una situación en la que sus derechos fundamentales se vean conculcados de manera irreversible. ¿No sería más coherente que estos ciudadanos fuesen juzgados en España con las debidas garantías procesales y judiciales? Por otro lado, es cierto que España tiene firmado un acuerdo de cooperación judicial recíproco con la República Popular China, pero no menos cierto es que la decisión española supondría un serio precedente en el seno de la Unión Europea al ser el primer país que concede a China la extradición de ciudadanos de Taiwán. En este asunto ha habido ya varios países europeos que han denegado la extradición de los ciudadanos taiwaneses a la República Popular China.
¿Nos encontramos ante una decisión de tipo político consecuencia de la situación que vivimos en Cataluña? Debemos decir, que lamentablemente, parecer ser así. Sin embargo, son dos casos totalmente distintos: Cataluña es una parte de España y España es un país democrático miembro de la Unión Europea. Por el contrario, la República Popular China, no es un país democrático y la República de China (Taiwán) es un país democrático, soberano desde 1912 (o como mínimo desde 1949 dependiendo de distintos puntos de vista) y fundador de la Organización de las Naciones Unidas.
¿No nos encontraremos más bien ante una decisión basada en intereses políticos y económicos y no afianzada en unos principios y valores basados en la firme defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos sobre los que se asientan la sociedad española y europea en su conjunto? Comenzando el año 2018, cuando cumplimos precisamente el cuarenta aniversario de nuestra Constitución de 1978 no podemos olvidar esos valores constitucionales que han fraguado una España moderna y de éxito en una Europa unida, próspera y en paz.
Por tanto, no se entiende que la Audiencia Nacional haya concedido la petición de extradición de China de 121 ciudadanos taiwaneses, que podrían ser juzgados, sin duda alguna, con mayores garantías en nuestro país o ser extraditados para ser juzgados en Taiwán como también ha solicitado el gobierno de Taipei.
De esta manera parece que los ciudadanos taiwaneses serán puestos a disposición de la justicia de la República Popular China lo que supondría un profundo error y precedente gravísimo. Además, las consecuencias de la extradición a la República Popular China tendrían unos efectos de difícil reparación posterior. En este sentido, deberían prevalecer los principios de nacionalidad, proporcionalidad y humanidad.
Numerosas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han señalado que en la República Popular China el sistema judicial no es transparente, no garantiza suficientemente los derechos de los acusados e impone penas desproporcionadas. Así mismo, de acuerdo con el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, la detención prolongada de ciudadanos de Taiwán en la República Popular China aumenta el riesgo de que se produzcan abusos y torturas. Este Comité también presta atención a los casos en los que la policía de China utiliza sus conexiones especiales para ampliar las detenciones, sobrepasando los plazos legales. Según sus datos, la mayoría de estas torturas y maltratos ocurren durante la detención, es decir, antes del juicio. Además, la policía de China posee demasiado poder en las investigaciones criminales y no puede ser controlada por la fiscalía y los órganos judiciales.
Por lo tanto, en este caso lo más proporcional y sensato sería continuar manteniendo el prestigio garantista que España posee a la hora de la concesión de extradiciones. Nuestro país las concede en casos muy excepcionales. No es de recibo, en ningún caso, que éstas sean “a granel”, pues los errores en las mismas tienen unas consecuencias de carácter irreparable.
Durante el mes de diciembre de 2017, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional mediante auto aceptó la extradición, solicitada por el Gobierno de la República Popular de China, de los ciudadanos taiwaneses reclamados implicados en la presunta estafa telefónica. Los abogados defensores una vez conocido el contenido de estos autos presentaron los pertinentes recursos de apelación contra la decisión de extradición. Este próximo viernes 9 de febrero a las 10.00 horas la Audiencia Nacional convocará un pleno para tomar la última decisión. Esperemos que ésta continúe la tradición de nuestro país de defender la democracia y el imperio de la Ley, y que la plena separación de poderes siga siendo la tónica en nuestra democracia.
08/02/2018. © Todos los derechos reservados
