Foto: Cervantes
The Diplomat. 27/01/2018
El Instituto Cervantes y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) han llegado a un acuerdo para la adaptación al lenguaje de signos de los cursos de idioma que se requieren para la obtención de la nacionalidad española.
El convenio fue firmado el pasado 20 de diciembre en Madrid por el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, y la presidenta de la CNSE, Concepción María Díaz, y publicado ayer por el BOE.
El pasado 4 de diciembre finalizó el plazo legal, fijado por un Real Decreto de 2013, para que las administraciones públicas incorporasen la lengua de signos y las tecnologías que facilitan su uso en todos los entornos en los que los ciudadanos tengan la necesidad de interactuar.
El acuerdo, que desarrolla el convenio marco firmado por ambas partes en noviembre de 2008 para realizar actividades conjuntas, recuerda que la ley de 2015 para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes establece la necesidad de obtener un diploma de español como lengua extranjera (DELE) de Nivel A2 o superior y de superar una segunda prueba sobre conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas (CCSE). El diseño y administración de ambas pruebas corresponden al Instituto Cervantes.
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El convenio se ajusta a la obligación legal de incorporar la lengua de signos a los servicios públicos
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Por otra parte, la CNSE está llevando a cabo el proyecto Lengua y cultura españolas para personas sordas inmigrantes, financiado por la Dirección General de Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración, y está interesada en adaptar a la lengua de signos española determinados contenidos del Curso de preparación para el DELE A2 del Instituto Cervantes.
El objetivo del convenio, por tanto, es establecer una colaboración entre el Instituto Cervantes y la CNSE con el fin de facilitar el acceso al Curso de preparación al DELE A2 mediante su adaptación a la lengua de signos. El acuerdo estará vigente por un año, plazo en el que las partes deberán haber cumplido sus obligaciones, pero podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.
