The Diplomat in Spain

Enrique Miguel Sánchez Motos

Administrador Civil del Estado

El independentismo catalán ha ido articulando, desde la aprobación de la Constitución de 1978, un discurso para adoctrina en un concepto de Cataluña como entidad, caracterizada, presuntamente, por unas diferencias radicales con el resto de España que justifican una futura separación. La pasividad y la falta de visión de los sucesivos Gobiernos de España, de izquierdas y derechas, nos ha llevado a la situación actual caracterizada por siete fechas muy significativas: 1-O, referéndum ilegal; 10-O, Declaración Unilateral de Independencia por 72 diputados independentistas, mayoría absoluta del Parlament, Puigdemont entre ellos; 11-O, apertura de un plazo de gracia por Rajoy amenazando a la Generalitat con la aplicación del artículo 155; 27-O, ratificación formal de la DUI por el Parlament; 27-O, autorización del Senado a Rajoy para aplicar el 155 y 27-O, decisión de Rajoy, de no agotar el plazo de seis meses, concedido por el Senado, convocando elecciones autonómicas catalanas.

La actitud buenista de los Gobiernos de España, ha encontrado su continuación en el Gobierno de Rajoy que ha anticipado innecesariamente la convocatoria de elecciones en Cataluña, lo que dará lugar a que la autorización del Senado para aplicar el 155 caduque el 21 de diciembre. La autorización estaba basada en que la Generalitat y el Parlament “han atentado gravemente al interés general de España” al dar un golpe de Estado, al declarar la independencia de Cataluña, sin respeto alguno al marco constitucional vigente, que es el que ampara la existencia misma del Estado de las Autonomías y por tanto de la Generalitat y del Parlament catalán. En el corto espacio de tiempo transcurrido desde el 27-O, ¿ha corregido el Gobierno de Rajoy las causas que han llevado a ese golpe de Estado? ¿Tiene alguna certeza de que eso no se vaya a repetir en el futuro? ¿Cree que los independentistas están dispuestos a acatar el marco general constitucional que nos rige a todos los españoles? La respuesta es negativa. Veremos donde nos lleva el buenismo.

Mientras tanto, la estrategia, el marketing independentista se basa en dos mitos que están utilizando con bastante éxito: “actuamos sin violencia” y “somos indudablemente democráticos” a pesar de que la realidad es muy distinta.

La Generalitat y sus instituciones han ejercido violencia al no respetar la ley, al impedir el cumplimiento de las sentencias de los jueces. Dieron órdenes sutiles a los Mossos de no obedecer las directrices de los jueces que establecían que no se debía celebrar ese referéndum ilegal. La evidencia clara es que no consta acción de los Mossos para cerrar realmente los colegios, retirar las urnas, impedir la entrada de los votantes o el desalojo de los mismos. Ello dio lugar a que, con una desafortunada dirección operativa, las FCSE se encontraran ante situaciones que dieron lugar a acciones violentas al no acatar los independentistas las ordenes que recibieron las FCSE de cerrar o desalojar algunos colegios. Los medios de comunicación proclives a los independentistas pudieron así dar difusión sesgada a imágenes del uso de la violencia física por parte de las FCSE, en las que se refleja la reacción de estos ante la desobediencia de los votantes pero en las que no aparece la violenta resistencia que estos opusieron. Eso es también una forma de ejercer la violencia. La relación de nombres de los 900 heridos entre los pacíficos votantes ha desaparecido lo que induce a pensar que esa cifra estuvo intencionadamente hinchada. Todo ello es síntoma de violencia contra el orden público.

Por otra parte las pintadas, las descalificaciones de los catalanes no independentistas son otra forma clara de violencia al igual que la coacción y la discriminación que sufren padres y niños no independentistas. ¿Cree alguien acaso que no hay violencia cuando se le pone a uno una estrella amarilla virtual? La falta de respecto a las leyes que desarrollan el orden constitucional es indiscutiblemente una actuación violenta, máxime cuando está apoyada en movilizaciones masivas que retienen durante diez horas a guardias civiles y a una secretaria judicial, teniendo al final que escapar por el tejado colindante para no poner en peligro su seguridad personal. Lo mismo ocurre cuando se destroza un vehículo de las FCSE. Todo ello es violencia. El adoctrinamiento escolar que provoca y e intenta consolidar el apartheid de los catalanes españolistas es también una forma de violencia amparada desde hace mucho por las autoridades catalanas y observada con inaceptable pasividad por los gobiernos españoles. Todas esas formas de violencia deben ser corregidas.

Por otra parte la pretensión independentista de respetar la democracia es una completa falacia pues no cabe mayor rechazo a la democracia que incumplir las leyes emanadas de la democracia. La soberanía reside en el pueblo español. No aceptarlo es no ser demócrata. Los independentistas quieren que se obedezcan los resultados democráticamente alcanzados pero sólo en el contexto que a ellos les favorezca. ¿Respetarían acaso que Tarragona o Barcelona quisiesen seguir integradas en España? Saben perfectamente que la Constitución puede modificarse siguiendo el procedimiento correcto pero ¿están dispuestos a aceptar que se armonice el desarrollo autonómico, estableciendo unas líneas comunes claves en materia de educación? ¿Están dispuestos a aceptar las decisiones actuales o futuras que puedan emanar de las Cortes españolas?

No nos engañen y sobre todo no dejemos que nos engañen. Hagamos frente a su odio a España, a su voluntad de destruir la convivencia y a su actitud totalmente insolidaria con el resto de regiones.

¡Viva Cataluña y Visca Espanya!

18/12/2017. @ Todos los derechos reservados