El voto electrónico podría salvar algunas dificultades, según González-Bueno.
The Diplomat. 14/12/2017
La directora general de españoles en el exterior y de asuntos consulares y migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Victoria González-Bueno, compareció ayer en la subcomisión del Congreso que estudia posibles cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), donde culpó a los plazos impuestos en la normativa española y la dependencia del correo extranjero de la baja participación del voto exterior en los últimos comicios.
Sobre los plazos, destacó el hecho de que la Junta Electoral Central haya ampliado de tres a cinco los días en los que se puede ir a votar a los Consulados Generales españoles para las elecciones catalanas del 21-D, habilitando este derecho hasta el mismo día de los comicios. Sin embargo, se mantiene la obligatoriedad de que toda la documentación esté en las juntas provinciales de voto el 24 de diciembre, así que sólo habrá tres días para trasladar las sacas con las papeletas al Ministerio y de ahí a todas las capitales de provincia.
Exteriores se va a centrar en 16 países en los que viven el 75% de los 2,5 millones de españoles residentes en el extranjero y echará mano, llegado el caso, de “recursos imaginativos” como es el uso de las valijas diplomáticas para trasladar los votos a Madrid.
Tanto la introducción del voto electrónico como la implantación de fases telemáticas en el proceso electoral serían dos opciones que “salvarían las principales dificultades”, en opinión de González-Bueno, aunque advirtió del hecho de que hay países donde la brecha digital es “compleja”, caso de Cuba. En otros hay colectivos de inmigrantes que tendrían difícil adaptarse al nuevo modelo. Así, en Venezuela, el 25% de los 49.000 españoles residentes son mayores de 65 años.
Otra dificultad es la identificación del votante pues solo el 25% de los españoles expatriados tiene DNI en vigor, de ahí que la directora general abogase por un nuevo sistema de certificación digital. Además, los Consulados españoles están “al límite de sus capacidades en el ejercicio de sus funciones”, lo que no facilite que se corrijan las “disfunciones” detectadas.
“Mientras no se corrijan esos obstáculos de base, ha de reconocerse que lamentablemente los esfuerzos que se realizan desde mi ministerio por superarlos, no van a producir resultados patentes”, concluyó ante los diputados.