The Diplomat in Spain

Central térmica de Meirama (A Coruña)./ Foto: Pilar Ponte – Flickr CC BY-SA 2.0

The Diplomat. 28/11/2017

La Comisión Europea ha abierto una investigación pormenorizada sobre los incentivos medioambientales concedidos por el Gobierno español a las centrales de carbón a cambio de la instalación de filtros para reducir las emisiones contaminantes.

Según informó ayer el Ejecutivo comunitario, el objetivo de esta investigación será determinar si estas ayudas se ajustan a las normas sobre ayudas estatales de la UE y si estos incentivos se han utilizado para que las empresas cumplan las obligaciones medioambientales de la Unión, lo cual vulneraría la legislación europea.

En 2007, según Bruselas, las autoridades españolas introdujeron un régimen (un “incentivo medioambiental”) para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón a fin de reducir las emisiones de este compuesto químico por debajo de determinados límites.

A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas en función del tamaño de la central durante un período de diez años. Catorce centrales de carbón se han acogido a este régimen desde ese año y han recibido en total más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas. Los incentivos continuarán hasta 2020. España no notificó esta medida a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

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La CE teme que los incentivos sirvan para cumplir obligaciones medioambientales, en contra de las normas

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La CE teme que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen coincidan precisamente con las normas medioambientales de la UE obligatorias para las centrales de carbón. De confirmarse, según Bruselas, “el régimen no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador desde el punto de vista medioambiental”.

Además, constituiría una vulneración de la legislación europea sobre ayudas estatales de la UE, que establece que los Estados miembros no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente.

“Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE”, que «no permite a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente», declaró la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

“Este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las emisiones perjudiciales de óxido de azufre, puesto que ya estaban obligadas a ello», por lo que el apoyo a esas centrales de carbón podría haberles conferido “una ventaja competitiva desleal”, añadió.