The Diplomat. 08/10/2017
El Gobierno español ha reiterado su oposición a la pena de muerte “en todos los casos y circunstancias” y con independencia de la gravedad del crimen cometido, por considerar que “constituye un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos, carece de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial”.
Asimismo, en una declaración aprobada por el Consejo de Ministros con motivo del Día Mundial y del Día Europeo contra la pena de muerte, que se celebra el 10 de octubre, el Gobierno aseguró que la lucha contra la pena de muerte “constituye una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos” y que España se ha distinguido en la lucha internacional en favor de su abolición.
“El Gobierno de España mantendrá sus esfuerzos e intensificará sus acciones en los distintos foros internacionales para conseguir la aplicación de una moratoria efectiva y universal de la pena de muerte, como paso previo a su total abolición”, concluyó.
