Susana Beltrán
Diputada por Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña
Todo sucede tan rápido en Cataluña que algunos pretenden que olvidemos lo que pasó el 6 y 7 de septiembre en el Parlamento catalán. Un pleno en el que la mitad del hemiciclo quedó vacía porque los diputados de la oposición, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, no quisimos votar las leyes ilegales del referéndum y la ley de “desconexión”, ya que nos situaba fuera del ordenamiento constitucional y de la democracia. Las sesiones fueron públicas y todo el mundo pudo comprobar como se impuso una mayoría separatista, que no tiene mayoría de votos, para aprobar esas leyes a costa de recortar los derechos de los diputados de la oposición. Además, se ignoraron, las advertencias de los servicios jurídicos del parlamento así como del Consell de Garantías Estatutarias -que, con todos los matices, vendría a ser el tribunal constitucional catalán- sobre la ilegalidad de las citadas leyes.
En esa huida hacia delante, y a pesar de que el Tribunal Constitucional suspendió las leyes a los pocos días, el gobierno catalán impuso la celebración de un referéndum ilegal en el que sólo se hizo campaña por el sí y no contó con ningún tipo de garantías; por ejemplo, no hubo neutralidad de las instituciones públicas ni de los medios de comunicación, los datos personales se utilizaron para un censo ilegal o se gastó dinero público pese a la prohibición de no hacerlo.
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«La conflictividad y la tensión social en Cataluña van a aumentar mientras no se restablezcan todos los valores europeos»
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Era previsible que una votación que se situó al margen de la ley fuera un despropósito, tal como realmente ocurrió el 1 de octubre en Cataluña. Los Estados miembros de la Unión Europea, y también todos los poderes públicos a escala autonómica, como el gobierno catalán, o local, están comprometidos a preservar los valores europeos entre los que está la democracia, el respeto a los derechos humanos pero, también, el estado de derecho. No son valores a la carta respecto de los cuales los representantes de los ejecutivos pueden elegir el que más le convenga o establecer una subordinación entre ellos. Todos tienen el mismo peso jurídico y, si falta uno de ellos, como vimos con la vulneración deliberada del orden constitucional, el sistema de convivencia se desmorona.
La conflictividad y la tensión social en Cataluña van a aumentar mientras no se restablezcan todos los valores europeos. Además, en los próximos días, el gobierno de Puigdemont y Junqueras quiere aprobar en el Parlamento catalán una declaración de independencia, lo que todavía va a empeorar la situación. A pesar de que esta declaración no es legal, ya que se deriva de la votación ilegal del 1 de octubre, podría despojar todavía más de derechos a todos los ciudadanos.
Sólo la convocatoria de unas elecciones autonómicas restablecería el conjunto de los valores europeos y por tanto, también, los derechos de ciudadanía. Unas elecciones legales, democráticas y con garantías en las que todos los ciudadanos, sin exclusiones, podrían acudir a las urnas y participar de cómo tiene que ser Cataluña en los próximos años. Los partidos tienen modelos distintos respecto de la salud, la educación, la cultura, el turismo, entre otras materias, y también, como no, de la organización político-territorial de Cataluña. El reto es disminuir la división y la tensión social y contribuir, al mismo tiempo, a que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Elecciones autonómicas y respeto a los valores europeos es una unión casi perfecta.
06/10/2017. @ Todos los derechos reservados
