El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
The Diplomat. 03/08/2017
Los países de la UE se pusieron ayer de acuerdo a la hora de no reconocer la Asamblea Constituyente que el régimen de Nicolás Maduro organizó el pasado domingo sin el consenso de la oposición democrática, según anunció la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en un comunicado.
La jefa de la Diplomacia europea subrayó la «falta de legitimidad y representatividad» del nuevo organismo venezolano a tenor de las circunstancias que rodearon la consulta. Tras ello, Mogherini pidió al Ejecutivo de Maduro que suspenda la Constituyente y respeta las atribuciones de la actual Asamblea que controla la oposición.
La decisión de los Veintiocho se produjo después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, propusiese la supresión de la autorización para viajar a la UE y retirar los visados a las personas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro dada la situación interna de Venezuela.
Rajoy señaló que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, comunicó dicha propuesta a Mogherini como represalia por la celebración de elecciones a la Asamblea Constituyente en el país latinoamericano, así como por el encarcelamiento de líderes opositores. Asimismo, indicó que el domingo dio instrucciones para “que se sacara un comunicado diciendo que España no iba a reconocer de ninguna de las maneras la Asamblea Constituyente esa por ilegal, antidemocrática y chapucera”.
En este sentido, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García-Casas, defendió ayer sanciones “individuales, selectivas y específicas”, fundamentalmente para el Gobierno de Maduro, y así evitar agravar el sufrimiento y la crisis humanitaria que viven los venezolanos. En todo caso, estimó que las sanciones deben contar con el consenso de todos los países miembros de la UE.
García-Casas señaló que Exteriores no quiere retirar al personal de la Embajada en Venezuela. “Hemos reforzado medidas de seguridad, pero la labor consular y diplomática están totalmente ejercidas”. En su opinión, en un momento de crisis y de aumento de la represión, “hay que mantener una interlocución con la oposición y el gobierno” y garantizar la seguridad de los 200.000 hispano-venezolanos que residen en el país.
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