Camilla Hillier-Fry
Socia de PeopleMatters y secretaria de EuroCitizens
Londres, 1 de febrero de 1915: el gobierno británico implanta el pasaporte con fotografía como medida contra agentes enemigos durante la primera guerra mundial. Hasta esta fecha, se podía circular libremente entre el Reino Unido y otros países. Un siglo más tarde, el gobierno británico intenta restringir aún más el movimiento de las personas, esta vez sin “enemigos en la costa”.
Michel Barnier, en su comparecencia ante el Comité Económico y Social de la Unión Europea el pasado 6 de julio, señaló las divergencias fundamentales que separan la postura británica de la de la Unión Europea, siendo la primera entre ellas la libertad de movimiento de los ciudadanos, rechazada por el gobierno británico pero inseparable del movimiento de bienes, capitales y servicios para la Unión Europea. La salida británica del mercado único y de la unión aduanera tendrá unas repercusiones nefastas para la actividad económica del país, no solo en cuanto a aranceles sino también porque las certificaciones académicas, profesionales y de calidad de productos y servicios ya no serán homologadas automáticamente.
Ante este escenario el CBI (la mayor agrupación de empresas británicas) exige al gobierno que sea realista y que acepte las regulaciones europeas respecto a la libertad de movimiento, la no-negociación de acuerdos comerciales con países fuera de la UE y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. Muchas compañías británicas piden un retraso indefinido a la salida de la Unión Europea. Organizaciones de los sectores de educación, cultura, ciencia e investigación han exigido al gobierno que se respete la libertad de movimiento, como la base para el intercambio de conocimientos e ideas.
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«La defensa de los derechos actuales de los ciudadanos no es una prioridad para el gobierno británico»
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Sin embargo, a pesar de los intereses de empresas y entidades de interés público, estrechamente relacionadas con el futuro del país, el gobierno británico se ha mostrado poco dispuesto a negociar. La propuesta británica no responde a la propuesta anterior de la Unión Europea, sino por el contrario basa su planteamiento en la legislación británica, lo que dificulta enormemente cotejar aspectos concretos. Manejar diferentes parámetros y términos en la negociación solo sirve para complicar la aplicación de los criterios de reciprocidad de los que tanto se ha hablado. Y si no fuera suficiente, DExEU (el departamento para la salida de la UE) afirma que el eurodiputado Guy Verhofstadt ha distorsionado los detalles de su oferta.
A diferencia de la postura de la Unión Europea, que garantiza la mayoría de los derechos de los ciudadanos, el gobierno británico define los términos para la residencia permanente que debería ser solicitada por cada ciudadano europeo en el Reino Unido; no se concedería de manera automática ni a todos los miembros de una misma familia. Este “settled status” (que significa tratar a los europeos como colonos, una comparación cuanto menos desafortunada) sería menos favorable que el actual para los europeos que llevan cinco años de residencia, siendo especialmente preocupantes las situaciones de reunificación familiar. Podría argumentarse incluso que supondría un cambio unilateral y retroactivo respecto a los derechos a un trato no discriminatorio para los europeos que optaron por construir su vida en el Reino Unido bajo el amparo de la legislación europea. Y el Parlamento Europeo afirma rotundamente que nunca aceptará la reducción de estos derechos o que se trate menos favorablemente a sus ciudadanos.
La propuesta británica reconoce que “la posibilidad de permanencia (de más de un millón de ciudadanos británicos en la UE) y de la continuidad de su estilo de vida actual, depende en gran medida del acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea.” Más allá de esta declaración y la asunción de reciprocidad – difícil de concretar cuando no se acuerdan los términos – no trata la situación futura de los ciudadanos británicos en la Unión Europea en detalle. Ante la falta de concreción sobre este punto y la clasificación de europeos como ciudadanos “de terceros países”, solo cabe pensar que la defensa de los derechos actuales de los ciudadanos no es una prioridad para el gobierno británico.
17/07/2017. © Todos los derechos reservados
