The Diplomat. 12/07/2017
Primero fue Antonio Fernández Mazarambroz, luego Marcos Vega y ahora Miguel Ángel Vecino. La denuncia por acoso laboral de este último contra el actual subsecretario, Cristóbal González-Aller, y su predecesor, Rafael Mendívil, lleva la firma del abogado penalista José María Garzón, quien se ha especializado en casos que afectan a diplomáticos en activo.
Mazarambroz fue el primer embajador español en ser juzgado en la Audiencia Nacional por unos hechos acaecidos cuando dirigía la legación española en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Este tribunal le condenó inicialmente a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la emisión irregular de visados, pero el Tribunal Supremo revocó este año dicha sentencia.
Vega, por su parte, fue absuelto el año pasado por la Audiencia Nacional de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental como embajador en Finlandia, por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaban para él una pena de 10 años de prisión y 21 de inhabilitación.
Vecino ha recurrido ahora a este abogado para presentar la citada denuncia contra González-Aller y Mendívil. En el Ministerio de Asuntos Exteriores no hay precedentes de un diplomático en activo que haya denunciado a un superior por acoso laboral. La demanda aún tiene que ser admitida a tramite o desestimada por los juzgados de instrucción de Madrid, una decisión que no se espera hasta septiembre u octubre, según supo The Diplomat de fuentes solventes.
Garzón, nacido en 1968, no tiene ningún vínculo familiar con el magistrado Baltasar Garzón ni tampoco con los miembros de la Carrera Diplomática. Desde que abrió su bufete hace 25 años ha estado en juicios relevantes como los de los casos ‘Alcasser’, ‘Rocio Wanninkhof’, ‘Sonia Carabantes’, ‘Sandra Palo’ o ‘el asesino de la baraja’.
