Catalá y el embajador tras la firma del convenio./ Foto: Ministerio de Justicia
The Diplomat. 11/06/2017
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el embajador de India en España, Venkatesh Varma, han firmado un acuerdo para el traslado de personas condenadas entre España e India que permitirá que los penados puedan cumplir sus respectivas penas en su propio país a fin de favorecer su rehabilitación social.
El acuerdo permitirá que cualquier nacional de alguno de los dos países que haya sido condenado por un tribunal del otro Estado a una pena de prisión pueda solicitar su traslado a su país de origen para cumplir la pena que se le haya impuesto, según informó el Ministerio de Justicia.
El traslado podrá ser solicitado por el interesado o por cualquier otra persona que esté legitimada para actuar en su nombre siempre que se trate de sentencias firmes, que conlleven una pena privativa de libertad de al menos un año de duración, que la persona condenada no lo haya sido por un delito bajo la jurisdicción militar o que el traslado no suponga detrimento para la soberanía, la seguridad o cualquier otro interés esencial del Estado de condena, añadió.
El convenio fue firmado en Madrid el pasado 30 de mayo y fue presentado al día siguiente durante el encuentro oficial en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de India, Narendra Modi, según recogió la Fundación Consejo España-India (FCEI).
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El acuerdo fue firmado por Catalá y el embajador y presentado durante el encuentro entre Rajoy y Modi
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Con la firma de este acuerdo se refuerzan los lazos de cooperación jurídica entre ambos países tras el Convenio de Extradición firmado en 2002 y el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal de 2006.
Aparte, España e India forman parte de diversos instrumentos multilaterales de carácter penal en el marco de Naciones Unidas, como la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, el Convenio contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.
