The Diplomat in Spain

Josep Piqué

Ex ministro de Asuntos Exteriores de España

(En 2002, el entonces ministro español de Exteriores, Josep Piqué, y el secretario del Foreign Office británico, Jack Straw, estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo sobre el futuro de Gibraltar, que finalmente no llegó a ser puesto en marcha. The Diplomat recoge un extracto del artículo publicado por PIqué en el que reflexiona sobre aquel acuerdo y sobre la situación actual del Peñón, a la luz de las negociaciones del Brexit . El artículo puede ser leído en su integridad, en español, en FAES)

Este 10 de mayo se han cumplido quince años del último borrador de “Proyecto de Declaración Conjunta Hispano-Británica sobre Gibraltar”, como resultado de la última reunión entre las partes, celebrada en Londres el día anterior… La aportación más novedosa de esa clara voluntad de acuerdo fue el concepto de “cosoberanía»…

Mi reconocimiento personal a la calidad humana y política del ministro Straw, que entendió con claridad la necesidad y conveniencia de ofrecer un futuro estable, seguro y próspero a Gibraltar, y que eso sólo era posible a medio y a largo plazo a través de un Acuerdo con España, y olvidarse para siempre (ahora que han vuelto a resurgir patéticamente por parte de algunos políticos británicos) de absurdas y vetustas posiciones “imperiales”. Sólo un ejemplo de coraje político por parte del ministro Straw: hasta entonces, la posición británica, no sin altas dosis de hipocresía, era que la responsabilidad de convencer a los gibraltareños de un cambio de estatus correspondía a España.

Straw asumió que esa responsabilidad le correspondía, en primer lugar, al Gobierno del Reino Unido. Y lo intentó, aunque la respuesta, desleal y oportunista, de las autoridades gibraltareñas fue un referéndum que tuvo como principal efecto negativo ofrecer la imagen de que la llave de un acuerdo entre dos Estados soberanos pasaba por los intereses (a menudo espurios) de unas decenas de miles de personas, cuyo objetivo era simplemente dejar las cosas como estaban. Argumentaban querer seguir siendo británicos. En realidad, querían seguir siendo gibraltareños a su modo y seguir gozando de todos sus privilegios….

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«Esta vez, la fortaleza, gracias a la pertenencia la Unión Europea corresponde a España»

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Las instituciones europeas han reconocido explícitamente que cualquier arreglo al respecto pasa necesariamente por una negociación y un eventual arreglo bilateral entre España y el Reino Unido. Es decir, que España tiene derecho de veto ante cualquier circunstancia que pueda afectar al estatus futuro de Gibraltar. Estamos, pues, ante otro escenario. Ya no estamos hablando de un acuerdo amistoso entre iguales, socios, aliados y amigos. Estamos hablando de un Estado que ha decidido irse de la Unión Europea (es decir, que ya no será socio, por lo menos, de la misma manera) y que, con su decisión, arrastra a un territorio que se verá severamente afectado, salvo que acceda a ser parte activa de una eventual solución satisfactoria para todas las partes. Históricamente, la situación de Gibraltar se basó en la superioridad británica y en el aprovechamiento de la debilidad española (el último ejemplo es la ocupación del istmo y la instalación del aeropuerto, durante los años convulsos de la guerra civil).

Hace quince años, ambas partes asumieron gustosamente negociar y acordar sobre la base de la igualdad. Ahora nos encontramos nuevamente ante una potencial (y real) posición de asimetría. Pero esta vez, la fortaleza, gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea, corresponde a España. Y hay que jugarla con inteligencia, discreción, generosidad y con control de los tiempos. Y sabiendo que, desde siempre, una buena y eficaz diplomacia combina la explicitación de los efectos negativos de un no acuerdo, con los efectos positivos de un acuerdo razonable.

La idea de cosoberanía sigue siendo, a pesar del rechazo inicial de los gibraltareños, la mejor de las opciones, ante la ausencia de alternativas reales. Ni es imaginable que el Reino Unido acepte sin más una descolonización en contra de la opinión de los ciudadanos de Gibraltar, ni España puede aceptar la perdurabilidad de una situación que sólo tiene sentido en el marco de los Tratados de la Unión que obligaban a ambos Estados. Estamos, pues, ante una gran oportunidad para cerrar una obsoleta y anacrónica reminiscencia del pasado. Nuestros dos países lo merecen. Y los gibraltareños, aunque no lo crean y aún no lo sepan, también.