José Herrera
Director de internacional de la Fundación FAES
En democracia, el control del proceso y la verificación del resultado son criterios básicos para garantizar la legitimidad de cualquier elección. En el caso de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Ecuador con más razón, habida cuenta no sólo las denuncias de fraude realizadas por los dirigentes de la alianza CREO-SUMA, sino también por las graves irregularidades acontecidas en la primera vuelta.
En ese sentido, cabe recordar que el pasado 19 de febrero el presidente saliente, Rafael Correa; el candidato oficialista, Lenin Moreno; los medios bajo control del gobierno, y de manera muy significativa, Telesur y otros voceros del chavismo, salieron raudos, apenas cerradas las urnas, a manifestar su triunfo con poco más del 40% de los votos, lo que de facto habría anulado la celebración de la segunda vuelta. Sólo la movilización social en las calles de Ecuador, el papel constitucional de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso y la alarma creada en numerosos gobiernos y medios de comunicación internacionales hicieron que el Consejo Nacional Electoral decidiera hacerse eco de las denuncias y revisar un resultado que, finalmente, y tras una semana de espera, habilitó la posibilidad de una segunda vuelta, no sin que el general Castro Ayala se viera obligado por el gobierno a dejar su puesto al perder su confianza para ser sustituido por alguien afín a la línea oficial.
La única diferencia aparente entre la primera y la segunda vuelta ha sido la celeridad con la que el Consejo Nacional Electoral ha realizado el escrutinio y ha proclamado como definitivos los resultados, incluso cuando la ley sólo reconoce el resultado como definitivo tras la resolución de las impugnaciones.
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«Lasso hace bien en impugnar el resultado de las elecciones y no aceptarlo hasta que se resuelvan las denuncias»
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La elección celebrada el domingo 2 de abril despierta dudas similares a las que llevaron al Consejo Nacional Electoral a tener que reconocer las irregularidades de la primera ronda y modificar el resultado definitivo. Entre ellas están las siguientes:
Un total de 1.795 actas, equivalentes a 592.350 votos, presentan irregularidades consistentes en tachones, enmiendas, ausencia de firmas y sellos oficiales o resultados que discrepan respecto a los recogidos por los interventores de la oposición. Cabe recordar que la diferencia oficialmente reconocida por el Gobierno es de poco más de 220.000 votos (4.828.825 para Lasso frente a 5.057.516 para Moreno).
Desde las 17:05 hasta las 19:20 horas, el portal oficial del CNE, que debía recoger el avance del escrutinio, quedó fuera de línea con el mensaje “servidor no encontrado”, tanto al intentar ingresar desde Ecuador como desde otros países. A partir de las 19:20 horas se restableció el servicio, mostrando los resultados oficiales de la segunda vuelta.
Al igual que en la primera vuelta, de las cuatro empresas demoscópicas acreditadas por el CNE para realizar las encuestas a pie de urna, sólo una de ellas, afín al gobierno, anticipaba un resultado favorable al mismo. Las tres restantes (CEDATOS, MARKET e Informe Confidencial) daban como ganador a Guillermo Lasso con un margen entre el 53,02% y el 51,45%.
Especialmente relevante es la ausencia de votos en blanco y nulos, que demuestran inconsistencias en miles de recintos electorales caracterizados fundamentalmente por la ausencia de interventores de la oposición. Los votos nulos en 2013 fueron 179.230, mientras que en el 2017 fueron menos de la mitad, 69.808.
En vista de estas irregularidades, hace bien el candidato presidencial Guillermo Lasso en impugnar el resultado y no aceptarlo hasta que se resuelvan todas y cada una de las inconsistencias denunciadas ante el CNE, y el resultado oficial corresponda de manera fehaciente con el que los ecuatorianos han expresado en las urnas. Sólo entonces se despejarán las sombras que hoy pesan sobre la legitimidad de la elección.
Este artículo ha sido publicado en FAES
