Gas Natural considera que la toma de posesión por parte de Colombia constituye una expropiación sin indemnización./ Foto: 360radio.co
The Diplomat. 23/03/2017
Gas Natural Fenosa inició ayer el procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) presentando una demanda contra Colombia por haber decidido la liquidación de su filial en ese país, Electricaribe.
La compañía española, que posee un 85% de Electricaribe, reclama la devolución de la empresa o una indemnización de más de 1.000 millones de dólares (unos 927 millones de euros).
En su solicitud, Gas Natural Fenosa subraya la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años, y considera que la toma de posesión por parte de Colombia constituye una expropiación sin indemnización. Además, denuncia el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje.
La multinacional energética, que preside Isidro Fainé, indica también que la decisión de toma de posesión y liquidación de Electricaribe, adoptada el pasado 14 de marzo, y las demás acciones estatales contra la compañía, tras activar en julio pasado los mecanismos de resolución amistosa de diferencias, «son contrarias» al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido con las autoridades colombianas, «siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que resolviera la crítica situación que atraviesa la compañía colombiana, derivada de las especiales condiciones en que ha de prestar su servicio, las cuales han sido obviadas por Colombia».
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La multinacional energética reclama la devolución o un compensación de 1.000 millones de dólares
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Gas Natural Fenosa pone de relieve que la actitud del Gobierno de Colombia «es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre ese país y la UE, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión hacia ese país».
Además, destaca que constituye un «claro paso en la dirección opuesta» a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión. España ha expresado su apoyo a la pretensión colombiana de entrar en la OCDE.
Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó ayer que el país está preparado para afrontar la demanda e insistió en que la decisión adoptada por su Gobierno lo que busca es garantizar la prestación del servicio de energía a los habitantes de la costa atlántica colombiana.