La embajadora Koula Sophianou señala una de las múltiples riquezas históricas de su país./ Foto: JDL
Juan David Latorre. 15/03/2017
El Gobierno chipriota consiguió el pasado año, junto con otros países, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara una resolución que considera el Derecho Cultural como parte de los Derechos Humanos. La embajadora de Chipre en España, Koula Sophianou, hace especial hincapié en este papel que su país desarrolla mientras ostenta la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
“La protección del patrimonio cultural es una de las prioridades de nuestra política exterior», señala la embajadora. «Nuestro objetivo estratégico es contribuir de manera efectiva y práctica, y por eso es importante la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que fue aprobada por unanimidad. Es la primera vez que el tema del patrimonio cultural forma parte integrante de la agenda de los Derechos Humanos”. El Consejo de Europa señaló el año pasado la necesidad de fortalecer el marco legal que tipifica como delito la destrucción deliberada del patrimonio cultural y el tráfico ilícito de objetos y otros bienes culturales.
El Gobierno chipriota propone que cualquier venta y comercialización de piezas arqueológicas y culturales que provienen de zonas de conflicto tenga que ser bien documentada. Este nuevo convenio, que desea elaborar y finalizar durante su presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, tiene que penalizar la destrucción ilegal y el tráfico de bienes culturales.
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Chipre propone que los vendedores deban probar que el objeto no fue robado
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“Tenemos que darnos cuenta», prosigue la embajadora, «de que este tema está interconectado con el lavado de dinero y la financiación de grupos terroristas. Por lo tanto, es importante mejorar la cooperación entre los estados contratantes”.
Chipre ha propuesto empezar por la llamada Prueba de Identidad, es decir, que los vendedores deben probar que el objeto no fue robado. “Esto es fundamental, señala la representante chipriota. «Con la vigilancia y la prohibición de vender sin la prueba de identidad, confiamos en que se reduzca e, incluso, desaparezca ese tráfico ilegal”.
Pero todo esto tendrá un coste económico. “Chipre actúa dentro de sus posibilidades», finaliza la embajadora Sophianou, «y hemos escogido la ruta de la justicia. Si tenemos este convenio, el segundo paso va a ser invitar a todos los países a ratificarlo e implementarlo, porque esto último, la implementación, es lo más importante. Chipre no tiene ni presupuesto ni el poder de un país grande en la escena política, pero aquí creo que podemos hacer algo muy grande en defensa de la Humanidad y de su Patrimonio histórico y cultural”.
