The Diplomat in Spain

Cartel en apoyo a a Ibar./Foto: @pabloibarasociacion

Eduardo González. 06/02/2017

El 4 de febrero de 2016, hace justamente un año, el Tribunal Supremo de Florida anuló la pena de muerte dictada en 2000 contra el español Pablo Ibar y ordenó la repetición del juicio por considerar que había tenido una defensa ineficaz y había sido condenado con pruebas “escasas y débiles”. No obstante, el segundo juicio se hace de rogar.

“Todavía estamos en las fases iniciales típicas de un proceso penal estadounidense, con las conferencias de seguimiento en las que se ventilan todas las mociones de la defensa y de la Fiscalía del Estado previas al juicio”, explicó a The Diplomat el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, Andrés Krakenberger.

De momento ya se han celebrado nueve conferencias y la Fiscalía ha remitido al Tribunal de Broward County los resultados de un nuevo análisis en el que, por primera vez, se aprecia una “traza milimétrica del ADN de Ibar en la camiseta recogida en el lugar del crimen”. Estas “mínimas trazas tienen un 99% de posibilidades de que se deban a una contaminación”, según Krakenberger. “La Fiscalía no ha dicho qué pretende hacer con esas pruebas, pero probablemente nada”, añadió.

Hasta la fecha sólo se ha resuelto la moción en que se pedía la libertad condicional para Ibar, finalmente denegada. “El sistema penitenciario estadounidense funciona más por precedentes que por leyes y había muy escasos precedentes de una libertad condicional para acusados por delitos capitales”, explicó el portavoz. “Sabíamos de antemano que era poco probable”.

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Ya se ha recaudado y gastado el 57% de los 1,3 millones de dólares presupuestados para la revisión del juicio

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Respecto a cuánto puede durar todo el proceso, Krakenberger precisó que, “en Estados Unidos, la media entre la formulación de los cargos y el inicio del juicio es de dos años, lo cual nos llevaría hasta febrero de 2018, y si tenemos en cuenta la tardanza con que se juzgó al otro condenado (Seth Peñalver), le podemos añadir otros seis o siete meses más”.

Según Andrés Krakenberger, todas las maniobras dilatorias de la Fiscalía responden a un sistema judicial en el que los cargos son electos, lo cual tiene su “lado perverso”, ya que, “para ser reelegidos, buscan sus estadísticas de éxito judicial, y ese éxito consiste en que ningún crimen quede impune, aunque pague el pato alguien que no sea culpable”.

Tras la anulación de la condena, la Asociación elaboró un presupuesto de 1,3 millones de dólares para garantizar un nuevo juicio mínimamente eficaz, de los cuales, hasta la fecha, se ha “recaudado y pagado” el 57’25%, tal como figura en la web www.pabloibar.com. “Vamos muy despacito, pidiendo dinero a las instituciones y pendientes de los presupuestos del Estado, de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Diputación de Guipúzcoa”, explicó el portavoz.