The Diplomat in Spain

Corbeta del tipo Avante 2200./ Foto: Navantia

Eduardo González. 14/01/2017

El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes Generales y la ratificación del acuerdo con Arabia Saudí sobre protección de información clasificada en materia de industria de defensa y armamento. La decisión se produce en la víspera del viaje oficial del Rey Felipe VI a Riad, que podría contribuir a la firma del contrato con Navantia para la venta de cinco corbetas a la Armada saudí.

El objetivo del acuerdo con Arabia Saudí, cuya firma había sido autorizada por el Consejo de Ministros el 19 de septiembre de 2014, es garantizar la protección de la información clasificada que se intercambie o genere como consecuencia de la cooperación bilateral y preservar «los intereses de España en sus relaciones internacionales, pues éstas exigen, a veces, el intercambio de información que, por afectar a la seguridad o a los intereses nacionales, debe ostentar un grado de clasificación», precisó el Ejecutivo.

“En concreto, en el campo de la industria de la defensa y el armamento, los contratos de fabricación, montaje o suministro implican a menudo el uso compartido de dispositivos o procedimientos confidenciales, por lo que se hace necesario establecer normas con arreglo a las cuales los Estados puedan compartir sin riesgo esas informaciones clasificadas”, añadió.

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Las ONG consideran “ilegal” la posible venta de cinco corbetas a la Armada saudí por parte de Navantia

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Uno de los posibles efectos del viaje oficial de Felipe VI es la autorización, por parte del Rey Salman bin Abdulaziz al Saud, de la firma del contrato con el astillero público Navantia para la construcción de cinco corbetas del tipo Avante 2200 para la Armada de Arabia Saudí por un importe de más de 2.000 millones de euros. Se trataría de la mayor operación de la historia de la naviera.

Las ONG de la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón) han calificado esta operación de “ilegal” y han advertido de que estos barcos de guerra, equipados con cañones, torpedos y misiles y con capacidad para transportar helicópteros de combate, pueden ser utilizados para “la comisión de atrocidades en Yemen”. Asimismo, han pedido que haya más control parlamentario y transparencia en el comercio de armas.