El Ejecutivo defiende que las pensiones se han salvado en la pasada legislatura.
Miguel Cifuentes. 29/11/2016
El Gobierno quiere el máximo consenso en la reforma de las pensiones, una prioridad política, tal como ha anunciado el presidente, Mariano Rajoy, pero va a encontrar una durísima oposición por parte de los partidos de izquierda y los sindicatos mayoritarios.
El choque de trenes se va a producir en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, encargada de hacer una propuesta de reforma del sistema de Seguridad Social, en el Congreso de los Diputados. Así lo manifiestan a The Diplomat fuentes de los partidos PSOE y Unidos Podemos y los sindicatos CC.OO y UGT.
Sin embargo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, está seguro de “se llegará a un consenso entre todos los partidos, salvar el sistema de Seguridad Social es una prioridad. Los partidos tendrán que aparcar sus diferencias, tal como hicieron en 1995, cuando se firmó el Pacto de Toledo”. Así lo ha recordado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la semana pasada en esa misma comisión en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno defiende que las pensiones se han salvado en la pasada legislatura, en medio de una crisis durísima, pero no reconoce el coste de las reformas. Éstas se han hecho a costa de dificultar el acceso a la pensión y endurecer el cálculo de las prestaciones, a costa de un ajuste y una congelación de las prestaciones, que ya no se actualizan con el IPC (la inflación). Y, sobre todo, a costa del déficit del sistema, que hoy asciende a 18.000 millones de euros. El Gobierno se va a gastar todo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que llegó a superar los 66.000 millones de euros en tiempos del Gobierno Zapatero. La llamada “Hucha de las Pensiones” se terminará el año próximo inexorablemente.
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La previsión es que haya un choque de trenes entre PP y Ciudadanos y PSOE y Podemos
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El futuro de las pensiones afronta un debate durísimo con dos desafíos: 1) el envejecimiento de la población en el horizonte de 30 o 40 años; se pasará de los actuales 8,4 millones de pensionistas a más de 15 millones en el año 2050, uno de cada 3 españoles será jubilado, 2) el sistema no se sostiene con el número de trabajadores activos actuales ya que el empleo que se crea es de bajos salarios y cotiza por bases muy bajas (a mitad de siglo habrá un jubilado por cada 2 activos), y 3) el sistema necesita ingresos adicionales para equilibrarse ( vía impuestos finalistas) o entrará en quiebra a corto plazo.
La derecha y la izquierda están enfrentados; el PP y Ciudadanos lo fían todo a que se cree empleo y que los nuevos empleos tengan salarios más altos y coticen más a la Seguridad Social, recuperando los ingresos del sistema. PSOE y Unidos Podemos quieren que 1,3 millones de personas, o sea, los salarios altos de los ejecutivos, consejeros de empresa, profesionales de alto nivel, cuadros medios, coticen por bases proporcionales a sus sueldos, ya que ahora hay un techo y no se cotiza más allá de 3.600 euros sobre el salario mensual. Esta es también la tesis de los sindicatos UGT y CC.OO que estiman que se ingresaría 7.500 millones de euros más. Esta medida, de un plumazo, reduciría el déficit de la Seguridad Social a casi la mitad.
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Los sindicatos quieren revertir las reformas de 2011 y 2013 que llevaron a la congelación y devaluación de las pensiones
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Además la izquierda y sindicatos defienden que se paguen las pensiones de viudedad y orfandad a cargo de los Presupuestos del Estado, o sea con impuestos. Eso supone descargar a la Seguridad Social de 20.000 millones y borrar de un plumazo el déficit del sistema. El Gobierno estaría dispuesto a pagar las pensiones de viudedad y orfandad con el presupuesto del Estado, pero eso no es ninguna solución: “es cambiar el déficit de sitio, del balance de la Seguridad social al balance del Estado”, según fuentes del Ministerio de Empleo.
El resumen se sustancia en que el Gobierno y el PP quieren un sistema actuarial, dados unos ingresos posibles, cuadrar las cuentas y “afrontar el gasto en pensiones que puede pagar la economía del país, es decir, repartir lo que entre en la caja por cotizaciones”.
Ese sistema supone ajustar las pensiones a la baja, lo que haga falta para sostener el sistema. La izquierda y los sindicatos se oponen frontalmente a un derecho social caiga en sus sistema de puro reparto de caja. Defienden las pensiones como “un derecho constitucional a una pensión digna y suficiente para todos los jubilados, ahora y en el futuro”. Para ello el Estado debe buscar los recursos, dentro y fuera del sistema de Seguridad, con más ingresos por cotizaciones o con impuestos específicos.
