Foto: Flickr CC
The Diplomat. 22/11/2016
La Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados debatirá hoy una propuesta del Grupo Socialista para la creación de una subcomisión encargada del estudio de las consecuencias que tendrá para España la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El objetivo inicial del diputado socialista Ignacio Sánchez-Amor, autor de la iniciativa, era que la subcomisión perteneciera a la Comisión de Asuntos Exteriores, pero los grupos parlamentarios decidieron finalmente, el pasado 2 de noviembre, remitir el debate y la aprobación de esta propuesta a la Comisión Mixta de la Unión Europea, formada por diputados y senadores. Fuentes del PP aseguraron ese mismo día a The Diplomat que la propuesta “va a ser aprobada, sin duda”.
Según figura en la propuesta, “un proceso tan novedoso” como el Brexit “exige que las partes que lo van a encarar tengan un adecuado conocimiento de los distintos escenarios posibles, de los aspectos y ámbitos afectados y de las consecuencias que puedan derivarse del mismo y de su conclusión, tanto para el futuro de la Unión Europea y del proyecto europeo (…) como para los Estados miembros en sus relaciones con el Reino Unido”.
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El Grupo Socialista pide el “máximo acuerdo posible” en la posición de España de cara al proceso negociador
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Por ello, la subcomisión deberá analizar las consecuencias que tendrá el Brexit “tanto en el desarrollo del proyecto europeo como en las relaciones entre España y Reino Unido”, en particular para la economía española, para los ciudadanos españoles que residen en Reino Unido, para los servicios públicos españoles que prestan asistencia a los británicos residentes en España, para empresas, actividades y ciudadanos del Campo de Gibraltar y los trabajadores españoles en Gibraltar y para la cooperación en políticas de seguridad y defensa.
Asimismo, la subcomisión parlamentaria se encargará de llevar a cabo un seguimiento detallado del proceso y de los posibles escenarios que puedan producirse y realizará propuestas que definan, “con el máximo grado de acuerdo posible”, los criterios en los que debe fundamentarse la posición española de cara al proceso negociador de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, al futuro modelo de relación entre ambas partes y a las soluciones que se deberán adoptar ante los problemas que esta situación pueda provocar en España y, “en particular, en relación con la economía, las empresas y la ciudadanía del Campo de Gibraltar”.
