The Diplomat. 04/11/2016
El pasado 29 de febrero, dos meses y medio después del atentado talibán contra la Embajada española en Kabul, la Junta de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores evaluó los problemas de seguridad que existen en las oficinas diplomáticas de España en el exterior (pinche aquí para ver el acta).
La oficial mayor del Ministerio, Sofía Ruiz del Árbol, explicó a los sindicatos que cada nivel de riesgo lleva aparejado “una serie de requisitos de seguridad mínimos” como el número de blindados que tiene que haber o los perímetros de seguridad que se han de poner en torno a la legación diplomática.
Cada embajador, “en su calidad de jefe de misión, es el responsable de la seguridad, si bien puede delegar dicha responsabilidad de forma expresa en otro funcionario”, se indica en el informe de aquella reunión al que tuvo acceso The Diplomat. En este sentido, Ruiz del Árbol recordó que se remiten “actualizaciones” del informe de seguridad según los plazos de revisión y “cada vez que se produce un cambio de equipo”.
No obstante, la oficial mayor reconoció que no siempre se realiza una verdadera actualización de los informes ya que a veces se limita “a un reenvío del anterior”. Además, no todos los responsables de seguridad “son totalmente conscientes de que son responsables de la seguridad de todos los funcionarios, y a ello deben dedicar los medios disponibles”.
En todo caso, apuntó que uno de los elementos en los que Exteriores estaba trabajando en febrero era “la creación de niveles de responsabilidad en materia de seguridad”, de tal forma que se pueda “promover de forma más efectiva una actualización continua”. Y añadió que para el Ministerio es “fundamental” la información que puedan transmitir los trabajadores expatriados para corregir deficiencias.
Ruiz del Árbol desveló que todos los vehículos de la Embajada quedaron destruidos en el ataque talibán y que Exteriores iba a tener problemas presupuestarios porque sólo había una disponibilidad de 400.000 euros para el plan de renovación de coches en el exterior, “lo que puede dar para unos 15 o 20 vehículos, cuando ya se habían recibido peticiones para cambiar más de 60”.
El Gobierno aprobó en septiembre una partida de 176.821,52 euros para acometer tras el atentado una serie de obras de emergencia en la nueva Cancillería y la Residencia del embajador en Kabul, Emilio Pérez de Ágreda, quien es investigado por la Audiencia Nacional a raíz de una querella presentada en su contra. Con este dinero se establecieron nuevas medidas de seguridad, “tanto físicas como electrónicas y de equitación” que permitieron una fortificación del perímetro de la misión española, la construcción de garitas de vigilancia y la instalación de zonas “altamente protegidas, como ‘habitaciones del pánico’ en el interior de los edificios de la Embajada, según se indicó en la referencia del Consejo de Ministros.
