Cuesta, Calahorrano y Favero durante la rueda de prensa./ Foto: Embajada de Ecuador
The Diplomat. 30/10/2016
La Embajada de Ecuador en España se ha implicado en la querella que más de 600 ciudadanos ecuatorianos han presentado ante la Audiencia Nacional contra la empresa OGC Paquetería, cuyo cierre repentino el pasado mes de marzo privó a más de 5.000 ciudadanos de este país de los bienes que habían enviado a Ecuador.
La querella fue anunciada la semana pasada en rueda de prensa por la viceministra ecuatoriana de Movilidad Humana, Esther Cuesta; el embajador en España, Miguel Calahorrano; y la abogada Cynthia Favero, representante de Abogados Sin Fronteras, el despacho jurídico contratado por el Ministerio de Exteriores ecuatoriano para la defensa de los perjudicados.
Según Favero, la querella comprende a 612 ciudadanos, 412 de los cuales han otorgado un poder especial para la querella, mientras que los 200 restantes han aportado documentos, como denuncias y albaranes de los envíos realizados.
“La querella ha sido entregada a la procuradora para su presentación, esperamos que en un plazo estimado de uno a tres meses la Audiencia se pronunciará sobre su admisión”, explicó, citada en una nota de prensa de la Embajada. El objetivo de la querella es reclamar las responsabilidades civiles y penales que correspondan a este caso. Según Favero, el perjuicio causado supera el millón de euros.
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La abogada de lo más de 600 querellantes asegura que el perjuicio supera el millón de euros
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OGC Paquetería se dedicaba al envío de enseres domésticos desde España a Ecuador y tenía oficinas en Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona y Hospitalet de Llobregat, todas ellas actualmente cerradas. Más de 5.000 ecuatorianos resultaron afectados por el cierre, 3.000 de ellos sólo en Madrid.
Durante la rueda de prensa, Miguel Calahorrano declaró que, si bien se trata de un caso “entre particulares”, la Embajada se comprometió desde el primer momento en la protección de los derechos de sus ciudadanos y contactó con el Ministerio de Exteriores para recibir instrucciones sobre cómo proceder ante este presunto caso de estafa. El pasado mes de abril, la Embajada puso en marcha un servicio jurídico con este fin.
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