Sede de la CPI en La Haya./ Foto: Wikipedia CC
The Diplomat. 26/10/2016
El Gobierno español ha unido su voz a las condenas internacionales por la decisión de Burundi y Sudáfrica de denunciar el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional (CPI).
La denuncia del Estatuto de Roma “es una decisión soberana, contemplada en el artículo 127 del propio Estatuto, pero que, de llevarse a efecto, menoscabaría sin duda la aspiración de universalidad de la Corte”, declaró el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
“España, que ha ratificado los instrumentos internacionales reguladores de los crímenes de los que conoce la CPI y ha apoyado firmemente la labor de la Corte desde la entrada en vigor de su Estatuto, reitera su compromiso con la CPI y con las funciones que ésta ejerce, como institución universal que lucha contra la impunidad de los crímenes más graves”, añadió.
España ha presentado su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020. En el documento elaborado con este fin, en el que no se hace ninguna mención a la CPI, se asegura que nuestro país “es parte de ocho tratados internacionales fundamentales en materia de derechos humanos y de nueve protocolos facultativos” y, de acuerdo con ello, “se ha sometido a la supervisión que ejercen los órganos internacionales”.
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Las principales organizaciones internacionales han condenado la decisión de los dos países africanos
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La CPI también ha lamentado la decisión de los dos países. “Invito a Sudáfrica y Burundi a reconsiderar sus posiciones” y a “trabajar juntos con otros Estados en la lucha contra la impunidad”, declaró el presidente de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, Sidiki Kaba. Amnistía Internacional y HRW han advertido a Sudáfrica que, con decisión, está “traicionado” a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El Gobierno sudafricano ha justificado su decisión con el argumento de que el Estatuto de Roma entra «en conflicto» con sus leyes nacionales de inmunidad diplomática (en este caso, relacionado con negativa a detener, en junio de 2015, al presidente sudanés, Omar al Bashir) y está afectando negativamente a sus relaciones internacionales. Burundi todavía no ha notificado a la ONU su salida de la CPI, aprobada recientemente en forma de ley.
