The Diplomat in Spain

Chateau de la Muette, sede de la OCDE./ Foto: Patrick Janicek/Flickr

Miguel Cifuentes. 19/04/2016

La batalla contra los paraísos fiscales está perdida por falta de contundencia y la inacción de los gobiernos, que implementan convenios y acuerdos que no se llevan hasta el final o funcionan solo ante casos escandalosos.

“Los gobiernos de las potencias mundiales, los países ricos del mundo, siguen siendo pusilánimes ante esta lacra de la economía mundial. Los Papeles de Panamá demuestran que tenemos perdida la partida. Hay 14 ministros y jefes de Estado en la lista de titulares de cuentas “off shore” en Panamá. Si los líderes políticos están involucrados en la evasión fiscal este problema no se va a solucionar nunca. No serán ellos quienes cierren los paraísos fiscales”, dice Julio Ramsés Pérez Boga, ex presidente de IHE (Inspectores de Hacienda del Estado) el sindicato de inspectores de Hacienda y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Este inspector de Hacienda señala que el problema no va a menos sino a más. No hay cifras oficiales concluyentes y creíbles ya que todo son aproximaciones, pero entre 15 y 30 billones de dólares estarían escondidos en paraísos fiscales, según la OCDE. El 25% del PIB mundial estaría refugiado en paraísos fiscales, y la organización Oxfam Intermón calcula que entre los años 2.000 y 2014 la inversión en paraísos fiscales se multiplicó por cuatro, creció cuatro veces más que la economía mundial en ese período. Esto certificaría el absoluto fracaso del G-20, el club de los países ricos, que en 2.008 prometió acabar con las jurisdicciones fiscales opacas. Todavía se oye el eco de la promesa de Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, que pronunció la frase famosa: “Hay que acabar con los paraísos fiscales”.

[hr style=»single»]

La OCDE, el G-20, y la Unión Europea fracasan estrepitosamente en la lucha contra la evasión fiscal

[hr style=»single»]

Del fracaso se salva parcialmente, hasta ahora, la OCDE, que ha propiciado normas internacionales para el intercambio de información desde los paraísos fiscales para combatir la evasión fiscal y la financiación del terrorismo. Esa iniciativa surgió tras el atentado de la Torres Gemelas de Nueva York en 2001 y ha tenido algunos éxitos en esta batalla.

El GAFI (Grupo de Acción Financiera) es hasta ahora lo más contundente a nivel internacional en el combate contra la evasión fiscal. Es un organismo intergubernamental que presiona y dicta normas orientativas para que los países adopten medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Algunos países aplican con rigor estos estándares internacionales pero otros muchos lo hacen con tibieza o negligencia manifiestas. España ha sido contundente, por ejemplo, en el caso de Banco Madrid, acusado de blanqueo de capitales. Este banco fue intervenido y está en proceso de liquidación y cierre.

La Unión Europea no se anota resultados muy brillantes en este combate aunque ha habido avances. Multinacionales como Google, Apple, o Amazon, pagan sus impuestos en paraísos fiscales, y se permiten “tax rules” (arreglos fiscales) a las multinacionales para pagar bajos impuestos a países como Irlanda, Luxemburgo o Holanda.

Bruselas ha reaccionado por todos estos hechos escandalosos. Así, en junio de 2015, publicó una lista negra de 30 paraísos fiscales, y entre ellos figura Andorra. La lista está llena de banderitas británicas, pero no incluye a Gibraltar y Luxemburgo, dos lugares que dejan mucho que desear en materia fiscal y de transparencia informativa. En la lista figuran Panamá, Mónaco, Liechtenstein, la isla británica de Guernsey , Hong Kong, Bermudas, Islas Caimán y Barbados.

La Unión Europea sigue dando una de cal y otra de arena. Bruselas hizo hace un año un lavado de cara tras conocerse los tratos fiscales preferentes que daba Luxemburgo a numerosas multinacionales, un asunto que se gestó y pactó cuando el ahora presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, estaba en el gobierno de ese país. En junio de 2015, el comisario Moscovici anunció medidas serias contra la evasión fiscal de las empresas. Bruselas se dio 18 meses para implementarlas, pero sigue ofreciendo muestras de falta de contundencia.

Hay un problema político de fondo ya que la Comisión Europea no cuenta con el apoyo de los grandes países de la UE, singularmente Reino Unido, que es reticente en esta materia, por albergar él mismo varios paraísos fiscales en su territorio.

Pérez Boga señala. “La acción de los grandes países deja mucho que desear, hay muchos convenios de colaboración e intercambio de información fiscal entre países pero el intercambio de información total no llegará hasta el 2018. Está por ver que los gobiernos sean contundentes. No me lo creo”.