Marcos Vega./ Foto: MAEC
The Diplomat. 20/04/2016
El ex embajador de España en Finlandia, Marcos Vega Gómez, reclamó ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores que se le reintegre a un destino de similar responsabilidad tras haber sido absuelto por la Audiencia Nacional.
La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia le absolvió el lunes de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaban una pena de 10 años de prisión y 21 de inhabilitación.
En un escrito enviado a los medios de comunicación, Margos Vega afirmó: «En el juicio ha quedado demostrado que todo lo hice como primer responsable y en el máximo interés de nuestra representación diplomática en Finlandia. La sentencia limpia mi nombre»,
Este juicio fue el primero en la Audiencia Nacional en la que se sentaba un embajador en el banquillo de los acusados. Al diplomático se le reprochaba el haber contratado irregularmente en 2011 a dos empleadas del hogar para trabajar en la residencia del embajador.
El tribunal consideró probado que en el año 2011, cuando el acusado tomó posesión de la Embajada en Helsinki, se encontró con la dimisión del mayordomo y la baja de la empleada doméstica, «creándose una situación de urgencia, a la que trató de atender de manera provisional, con cargo a una partida presupuestaria que permite hacer pagos menores por prestación de servicios en casos de necesidad».
Ante esa situación de urgencia y la dificultad de reclutar empleados en Helsinki, Vega realizó gestiones con el canciller para reclutar a dos trabajadoras dispuestas a migrar allí para realizar el trabajo. Localizó a dos mujeres en Filipinas y Yemen. Incluso adelantó dinero de su peculio para pagar el viaje de una de ellas.
El tribunal acreditó que estas dos mujeres no tenían relación previa con el embajador, «que debió acudir a buscar trabajadoras dispuestas a migrar ante la insuficiencia del mercado local». Su interés, según los jueces, «no era otro que el del servicio, pues ni conocía a las mujeres ni, posiblemente hubiera otras candidatas para la plaza; es por ello que debió acudir a trabajadoras migrantes, utilizando diversos cauces».
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Los jueces reconocen que la contratación fue irregular, pero la justifican por «razones de urgente necesidad»
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Las acusaciones atribuían prevaricación al embajador por realizar una selección arbitraria, ajena a la normativa aplicable. El tribunal distinguió entre una irregularidad y una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Así, los jueces destacaron que en el proceso de selección participaron otros dos funcionarios, el canciller y una auxiliar de la Embajada, que no pusieron objeción alguna.
En conclusión, la fórmula elegida para cubrir el servicio no era la prevista en tanto que se apartó de las normas que contemplan el uso de los fondos en el exterior, pero los jueces subrayaron que no puede afirmarse que se hubiera destinado dinero de la Embajada para usos particulares o personales del acusado, ya que el embajador primó las razones de urgente necesidad, según el auto, al que tuvo acceso The Diplomat.
