El ex ministro José Manuel Soria./ Foto: red.es/Flickr
Cristina de la Hoz. 18/04/2016
Los sondeos de intención de voto siguen acompañando al PP incluso en plena crisis por las revelaciones en torno al ya ex ministro de Industria y amigo personal de Rajoy, José Manuel Soria, aunque en Moncloa y Génova se impone la prudencia.
La dimisión de Soria ha servido de cortafuegos, aunque la oposición, a falta de otra estrategia ha pasado de pedir la cabeza del canario a la exigencia de explicaciones al propio presidente en funciones, cuyo equipo cree acotado ya el ámbito de responsabilidad.
No fue Rajoy, fiel a su estilo, el que reclamara a Soria que dimitiera, no solo como ministro sino de todos sus cargos políticos, esto es, de diputado y presidente de los populares canarios. Y eso a pesar de que su director de gabinete, Jorge Moragas, estuvo pendiente todos esos días del devenir del ministro. El que fuera titular de Industria se puso él mismo la soga al cuello con esa pléyade de explicaciones incoherentes que ocultaron la verdad de su presencia empresarial en paraísos fiscales, que ha asegurado no recordar hasta ahora.
Las presiones vinieron de «otros ámbitos» ajenos al presidente, aseguran en Moncloa. Uno de ellos, el principal, la más que hipotética repetición de elecciones en un escenario en el que al PP se le acumulan los casos de corrupción. El segundo, no menor, el desafecto de una parte del Consejo de Ministros, dividido en dos. Un sector lo encabeza la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, del que forma parte el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro; la de Empleo, Fátima Báñez, y el de Sanidad, Alfonso Alonso, y el llamado G-8, capitaneado por el de Exteriores, José Manuel García Margallo, al que pertenecía Soria.
A esa división cabe atribuirse las duras palabras que Montoro dedicó el viernes al dimisionario al afirmar que nadie que haya operado en un paraíso fiscal puede ser ministro del reino de España.
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Cuenta atrás para los comicios al no haber signos de un posible acuerdo de investidura de Rajoy o de Sánchez
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La oposición intenta, no obstante, estirar el «caso Soria» como estrategia de campaña. Entramos en una semana determinante. Hoy se conocerá el resultado de la consulta a la bases que ha realizado Podemos. No hay dudas en que Pablo Iglesias cosechará un amplio rechazo al pacto PSOE-Ciudadanos, que acabará cercenando cualquier fórmula de colaboración para investir a Pedro Sánchez. El hecho, además, de que Iglesias esté en contacto con Alberto Garzón, de IU, para sondear fórmulas de coalición, da una idea clara de que, salvo giro de guión de ultimísima hora, estamos abocados a una repetición de elecciones.
Rajoy, que este miércoles se reúne con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, –lo que desviará la atención sobre Soria–, espera que el tema se agote por sí solo, sin consecuencias demoscópicas. No obstante, deberá abordar una cuestión pendiente: si llama o no al líder socialista para intentar, a la desesperada, recabar apoyos a su investidura que éste no le va a dar.
Pocas cosas, pues, parece que se van a mover de aquí a los días 25 y 26, escogidos por el Rey para una tercera ronda de consultas. Ningún líder podrá acreditar los suficientes apoyos para que prospere su investidura, de modo que Don Felipe no hará más que certificar la defunción de esta legislatura nonata. Aunque las elecciones quedarían automáticamente convocadas el 2 de mayo –cuando se cumplen dos meses de la primera sesión fallida de investidura de Sánchez—la fecha límite para que hubiera una nueva sesión de investidura sería el próximo miércoles 27 y una segunda votación, de ser necesaria, el 29. Estos son los cálculos del presidente del Congreso, Patxi López, aunque existen antecedentes de que puede modificarlos en cualquier momento de ser necesario si hubiera un acuerdo de última hora.
