Javier Fernández Arribas
Director de Atalayar
En el mundo en el que vivimos se ha disipado la diferencia entre legalidad y vergüenza. Quizá sea más correcto definir la vergüenza como legitimidad pero el primer efecto que tienen ciertos comportamientos en paraísos fiscales debe ser el de el bochorno público.
Es cierto que tener una sociedad opaca en Panamá no es delito si se ha declarado convenientemente a la Hacienda correspondiente y se pagan los impuestos debidos. En ese caso, si es que lo hay, la legalidad queda por encima de cualquier sospecha de actuación ilícita pero queda la impresión general de que no es un comportamiento transparente y cristalino. Sobre todo por parte de dirigentes políticos que se empeñan en demostrarnos que sus decisiones e iniciativas son las mejores para los ciudadanos a los que prestan sus servicios.
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«Todo el peso de la ley debe caer sobre quienes utilizan cualquier método para eludir sus obligaciones fiscales»
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Los datos que hemos conocido de los papeles del bufete de Panamá dejan bastante mal parados a una serie de personalidades políticas internacionales que tendrán que dar muchas explicaciones o, sencillamente, dimitir e irse a su casa. ¿Sólo? No. También debería rendir cuentas ante la Justicia. Es demasiado barato que un dirigente político, además de traicionar la confianza de sus compatriotas, se vaya a su casa asumiendo lo que se llama responsabilidades políticas y ya está.
En Islandia comenzaron una iniciativa penal con un primer ministro que tomó decisiones que llevaron al país a la bancarrota pero, a la hora de la verdad, no llegó a rendir todas las cuentas que debía. En el resto de los países es muy raro que los políticos que han ejercido el poder de manera desastrosa para los intereses generales hayan sido llevados ante un tribunal. Al revés, los hay que reciben el sueldo vitalicio del Estado y de otras altas instituciones.
En el caso de la macro filtración en más de 100 medios de comunicación de todo el mundo de millones de documentos del bufete panameño que se dedicaba a crear sociedades opacas todavía hay muchos datos que van a salir a la luz, tenemos la punta del iceberg, pero podemos ir haciéndonos una idea de lo que nos podemos ir encontrando.
Hablamos de los políticos, pero también habría que exigir todo el peso de la Ley penal y la pérdida total de la estima social para aquellos que han utilizado este método para evadir sus obligaciones fiscales. Nos han robado a todos, sea Messi o Almoóvar o quien se demuestre. Nada de aplausos.
