El embajador con el ministro adjunto chino./ Foto: www.fmprc.gov.cn
The Diplomat. 16/03/2016
El ministro adjunto de Exteriores de China, Liu Haixing, se reunió la semana pasada con el embajador de España en Pekín, Manuel María Valencia Alonso, para pedirle que las acciones de la justicia española contra el Banco Industrial y Comercial (ICBC) sean “justas y conformes a la ley”.
El encuentro tuvo lugar el pasado 8 de marzo, según informó el Ministerio chino de Exteriores. Durante la reunión, Liu advirtió al embajador que su Gobierno está “sumamente preocupado” por el registro de la sede de ICBC en Madrid y expresó su deseo de que las autoridades españolas adopten «acciones concretas para tratar el caso conforme a la ley y de una manera justa y adecuada, proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y su personal en España y garantizar el desarrollo favorable de las relaciones entre China y España”.
En su respuesta, Valencia aseguró que el Gobierno español “ha dado gran prioridad a este caso” y entiende “perfectamente” la preocupación de China. España está “dispuesta”, añadió, a mantener una estrecha comunicación con la parte china y a proporcionar toda la ayuda dentro de su alcance, así como a tratar el caso “con una actitud prudente y de una manera adecuada”.
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Valencia asegura que el Gobierno español entiende «perfectamente» la preocupación de China
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A mediados de febrero, la Guardia Civil registró la sede en Madrid del ICBC con el objetivo de desmantelar una trama financiera y empresarial dedicada a blanquear grandes cantidades de dinero en España para su posterior envío a China sin pasar los controles de la Agencia Tributaria. Con 150 millones de clientes, ICBC está considerada la mayor banca del mundo por valor de mercado. Los investigadores aseguran que los seis directivos y empleados detenidos (tres de ellos sin fianza) eran conocedores de estas operaciones.
Tras la operación de febrero, el Ministerio chino de Exteriores instó a España a garantizar “los derechos legítimos de las compañías y el personal chinos en el país”. Por su parte, la Embajada de China en Madrid aseguró en un comunicado que el Gobierno de Pekín “siempre exige a las empresas chinas el riguroso acatamiento de la ley y las estipulaciones tanto de China como del país donde están acreditadas”.
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