Kobler y Margallo durante la rueda de prensa conjunta./ Foto: TD
Eduardo González. 12/02/2016
Podemos fue la voz más discrepante en el almuerzo que ayer ofreció en el Palacio de Viana el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, a los portavoces en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para analizar la posible posición de España en el Consejo Europeo que, los días 18 y 19, deberá tomar una decisión sobre el acuerdo propuesto a Reino Unido para evitar su salida de la Unión.
El ministro, había anunciado momentos antes, durante una rueda de prensa conjunta con el enviado especial del secretario general de la ONU para Libia,Martin Kobler, que el miércoles, día 17, comparecerá ante la Comisión de Exteriores “de manera excepcional” antes de una cumbre europea, porque se trata de “una situación excepcional” y se desea alcanzar una posición común.
A tenor de lo que informaron a The Diplomat fuentes conocedoras de lo tratado en el almuerzo, hay una opinión mayoritaria de los distintos partidos de que la propuesta de acuerdo presentada la semana pasada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al Reino Unido, como base para la discusión no es la mejor, pero también de que no hay muchas más opciones si se quiere evitar el “Brexit”, que sería nocivo para la Unión Europea.
Margallo, que almorzó con los portavoces de Exteriores, comparecerá el día 17 en el Congreso
Sin embargo, Pablo Bustunduy, portavoz de Podemos llegó a reclamar que debido a que el Gobierno está en funciones debería intentar que se retrasase la toma de decisión, y, posteriomente, en declaraciones a Europa Press, reclamó a Mariano Rajoy que no favorezca el acuerdo en el Consejo porque la oferta hecha a Londres es un «desastre» que va en contra de lo que necesita el proyecto de construcción europea.
En opinión del diputado, el primer objetivo de esa propuesta es «blindar» la City financiera de Londres, «causante» en parte «de la crisis de 2007», además de que sienta un «terrible precedente político y jurídico de discriminación laboral» entre trabajadores comunitarios dependiendo de su lugar de origen.
Mientras, según dijo García-Margallo en la comparecencia ante los periodistas, su departamento ha pedido sendos informes a la asesoría jurídica internacional del Ministerio y de la Abogacía del Estado para saber de si el Gobierno necesita del aval del Parlamento para aceptar cualquier decisión en la cumbre europea. De acuerdo con la ley, un Gobierno en funciones sólo tiene competencia para atender al “despacho ordinario de asuntos públicos”, una categoría en la que no entra el posible acuerdo con Londres.
Margallo informó también de que el Gobierno se ha dirigido a“todas las embajadas”de los socios comunitarios para que le digan los “planes B” que tienen previsto presentar en el Consejo Europeo en caso de que no prospere el acuerdo propuesto a Londres.
