Sánez de Santamaría, ayer, con Luis de Guindos e Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros./ Foto: Pool Moncloa/J.M.Cuadrado
The Diplomat. 23/01/2016
Mientras el Gobierno en funciones confirmó ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la creación de la Consejería de Exteriores de la Generalitat, la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, defendió su “plena legalidad”.
La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, flanqueada por los titulares de Economía y Educación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, confirmó la intención del Gobierno de recurrir la constitución de una Consejería de Asuntos Exteriores por parte del nuevo presidente de la Generalitat, Carles Casademont.
Por su parte, Munté dijo en Barcelona que «tenemos la tranquilidad de que las cosas están bien hechas y nos ampara la ley» poco después de que la vicepresidenta anunciase la decisión del Gobierno español. Según la consejera catalana, la creación de la Consejería de Exteriores goza de «plena legalidad y constitucionalidad”.
El Gobierno suma así el recurso sobre la Consejería de Exteriores al que presentó el pasado 14 de abril contra 17 artículos de la Ley de Acción Exterior de la Generalitat, que está suspendida cautelarmente mientras el Alto Tribunal dirime su constitucionalidad.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy argumenta prácticamente los mismos motivos para rechazar tanto la Consejería como la Ley de Acción Exterior de Cataluña. Considera que invaden una competencia exclusiva de la Administración Central, como son las relaciones exteriores.
La norma catalana, aprobada en noviembre del año pasado, define las líneas de actuación internacional de la Generalitat, sus estructuras organizativas y los mecanismos de gestión y planificación. La recién creada Consejería, dirigida por Raül Romeva, es consecuencia de aquella Ley.
