The Diplomat in Spain

Los jueces chilenos han archivado la causa en cuatro ocasiones en 39 años.

The Diplomat. Madrid

La Sala segunda del Tribunal Supremo confirmó ayer la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar el asesinato en 1976 en Chile del diplomático español Carmelo Soria Espinoza, al estimar que hay indicios suficientes de la “falta de voluntad” del país sudamericano para llevar a cabo la investigación.

Por ello, el Supremo estableció que España debe continuar conociendo de los hechos objeto de investigación en el sumario abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que tiene imputados a varios ex agentes de la DINA (policía secreta de Augusto Pinochet) por este caso.

El alto tribunal, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, se mostró de acuerdo con la exposición razonada que le elevó en mayo el juez José de la Mata y subrayó “la escasa entidad y relevancia de las diligencias practicadas por la Justicia chilena en los dos últimos años de investigación, cuando se reabrió el procedimiento penal por cuarta vez, después de haber transcurrido 37 años desde la perpetración de los hechos delictivos”.

La reforma de la justicia universal que entró en vigor en España en 2014 excluye declarar la competencia española en una investigación de este tipo si hubiese en marcha un procedimiento en el país donde ocurrieron los hechos, como es el caso en relación al asesinato de Carmelo Soria. Sin embargo, añade como excepción que sí habrá competencia española cuando la Sala segunda del Supremo valore que el país que ejerza su jurisdicción, en este caso Chile, “no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo”.

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Los jueces españoles ven un posible delito de terrorismo en el ‘caso Soria’

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El juez De la Mata, que se dirigió al Supremo defendiendo la ausencia de investigación diligente y eficaz de Chile en el caso, expuso como datos objetivables que el Poder Judicial de Chile había archivado esta causa al menos en cuatro ocasiones a lo largo de 39 años y que ignoró desde 1999, y durante más de 14 años, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al no dar paso alguno para reabrir la causa. Además, se comprobó que cuando finalmente el Gobierno chileno atendió el referido compromiso internacional en 2010, la petición fue desatendida, negándose la Corte Suprema de Justicia a reabrir el caso.

El auto del Supremo constató además que tras la reapertura del procedimiento en 2013, la investigación prácticamente se detuvo durante más de un año y que dicha paralización vino a producirse poco después de que la Corte Suprema chilena denegara la extradición de los presuntos responsables, precisamente al invocar la razón de que se estaba siguiendo un proceso en Chile.

En cuanto al delito que justifica la aplicación del principio de justicia universal, el Supremo español destacó que los hechos podrían ser constitutivos, entre otros, de un delito de terrorismo, que es uno de los recogidos en la reforma legal de 2014, cuando la víctima fuese ciudadano español en el momento de los hechos, caso de Carmelo Soria.