Daniel Perales
Vocal de la junta directiva de Societat Civil Catalana*
Cataluña ha sido históricamente uno de los pilares de la modernización de España. Puerta de entrada de la Península Ibérica al resto del continente, ha sabido aprovechar su localización estratégica en el Mediterráneo para desarrollar una economía competitiva y convertirse en un referente a escala global en el turismo o las nuevas tecnologías. Buena parte de este éxito se debe a la estrecha relación con el resto del Estado, que es de lejos el primer cliente de bienes y servicios catalanes.
España no se entiende sin Cataluña, ni Cataluña sin su integración en España. Nunca han sido realidades diferenciadas o enfrentadas, y desde la Hispania romana hasta el Estado descentralizado de la actualidad, pasando por la integración de los reinos peninsulares en la corona hispánica a finales del siglo XV, Cataluña ha ayudado a configurar una España diversa, orgullosa de su riqueza cultural y consciente de los innegables lazos de unión que subyacen entre tanta heterogeneidad.
Tras la aciaga etapa franquista España hizo una transición modélica hacia un estado descentralizado en el que las nacionalidades y regiones podían encontrar un espacio adecuado para las aspiraciones de sus ciudadanos. A día de hoy, Cataluña y otras regiones con lengua específica además de la común española disponen de competencias casi absolutas en educación, lo que ha potenciado su singularidad cultural. Pero la capacidad de autogobierno no se queda ahí, y en el caso de Cataluña se dispone de policía propia y competencias casi exclusivas en campos tan importantes como la sanidad, que otorgan a estos territorios una cuotas de poder casi sin parangón.
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Los nacionalistas catalanes han utilizado el victimismo para obtener mayores cuotas de poder
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En un estado de estas características la lealtad entre los diversos territorios es un elemento nuclear, y es ahí donde la clase política catalana lleva demasiados años trabajando en sentido contrario. Desde el feliz advenimiento de la democracia, en Cataluña han gobernado fuerzas políticas nacionalistas que han utilizado el victimismo para resaltar las diferencias con el resto del país, para así obtener mayores cuotas de poder con las que tejer unas redes clientelares que en los últimos tiempos se muestran como germen de una corrupción generalizada y abyecta.
Este sistema, tóxico para cualquier proyecto de convivencia, se muestra en sus peores términos con el estallido de la crisis económica a partir de 2008. El sufrimiento y la desesperación en los que se sume buena parte de la ciudadanía española, y en particular la catalana, es utilizado por los políticos nacionalistas para desarrollar su programa de máximos hacia la secesión. Un programa que de forma desleal llevaban décadas construyendo a través de una estrategia configurada por el que fuera presidente de Cataluña durante 23 años, Jordi Pujol, que actualmente se halla bajo investigación por fraude fiscal.
En esta huida hacia adelante de su sucesor y actual presidente de Cataluña, Artur Mas, para tapar la corrupción generalizada y su ineficiente gestión de la crisis económica, la ontología del nacionalismo ha entrado en escena, con toda su crudeza, buscando un enemigo exterior (España), construyendo un relato histórico fundacional tendencioso y alejado de la realidad de un acervo histórico-cultural común con el conjunto de España, y cayendo en actitudes supremacistas que tan bien conocemos en Europa, tristemente.
Y así llegamos al momento presente, con unas elecciones autonómicas el 27 de septiembre que el nacionalismo pretende convertir en un plebiscito sobre la secesión, configuradas con una falta de calidad democrática inaceptable. Con una ley electoral que dota de mayor valor a los votos de las regiones interiores, más proclives a las tesis del nacionalismo; con la elección de una fecha que favorece la abstención del sector favorable a la unidad; con unos medios de comunicación públicos demasiadas veces al servicio de la candidatura independentista. En definitiva, con una situación absolutamente desigual entre partidarios y detractores del proceso secesionista.
Pero lo más preocupante es el anuncio de las fuerzas secesionistas de utilizar los resultados electorales para saltarse la legalidad y caminar hacia una declaración unilateral de independencia que alejaría a Cataluña de Europa, que acrecentaría los problemas económicos de los ciudadanos y que tensaría la cuerda de la convivencia hasta extremos muy peligrosos.
*Societat Civil Catalana es una asociación independiente cuyo objetivo es fomentar la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos en Cataluña y de estos con el resto de los españoles.
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