The Diplomat in Spain

El AB Guaicamacuto (GC-21) fue el primer buque de vigilancia litoral entregado por España a Venezuela.

The Diplomat. Madrid

Las operaciones de venta de armamento a Venezuela e Irak autorizadas por el Gobierno español fueron las más polémicas del año pasado a juicio de los principales partidos de la oposición.

En el caso de Venezuela, se autorizaron 11 bloques para la construcción de un buque de vigilancia del litoral a Venezuela. Además, fue uno de los primeros países en la lista de material policial y seguridad. En total fueron 9,7 millones de euros. Desde la Secretaría de Estado de Comercio se explicó en sede parlamentaria que dichas exportaciones fueron con cargo a licencias vigentes que habían sido autorizadas 2013 y que no hubo más a raíz de la suspensión, el 21 de marzo de 2014, de todas las licencias de material antidisturbios por la violencia existente en este país.

El Gobierno español, previo informe de la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa de doble uso (Jimddu), acordó en marzo de 2014 suspender las licencias de exportación de material antidisturbios y de caza a Venezuela. En este sentido, España se adelantó a la mayoría de los países de la Unión Europea en la posible imposición de medidas cautelares, extendiéndose la suspensión a 15 licencias de material antidisturbios y a una licencia de cartuchos de caza.

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España suspendió 15 licencias de material antidisturbios y una de cartuchos de caza con destino a Venezuela

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En lo que respecta a Irak, en la segunda mitad de 2014 hubo un cambio significativo en la política española de exportación a este país debido a la aparición del autodenominado Estado Islámico. Fruto de ello fue la autorización del envío de material letal y municiones con destino al Gobierno iraquí en apoyo de su lucha contra el EI, en aplicación de las conclusiones de la UE en agosto del año pasado en la que se autorizó el suministro de material militar a Bagdad y el Gobierno regional del Kurdistán.

Por este motivo, en noviembre y diciembre de 2014 fueron aprobadas 8 licencias de exportación a Irak por valor de 95,8 millones de euros para 25 vehículos blindados con brazo robot de desminado, granadas de mortero, munición, disparos, espoletas de artillería y cargas propulsoras, siendo el usuario final el Ministerio de Defensa iraquí.

El temor de varios partidos políticos españoles es que buena parte de este material acabe finalmente en manos del Estado Islámico. “Entiendo las preocupaciones legítimas que se puedan derivar del posible uso de ese material”, reconoció el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en junio, “pero es evidente que tenemos por escrito todas las garantías de que la única institución que va a hacer uso de ese material es el Ministerio de Defensa iraquí”.