El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
The Diplomat. Madrid
Los últimos comentarios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de la ley española sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional venezolana de una resolución contra la citada ley, que la oposición española ha calificado como ley mordaza, provocó ayer malestar en el Ministerio español de Asuntos Exteriores.
Dicho malestar llevó al departamento de José Manuel García-Margallo a estudiar distintas respuestas, inclusive la convocatoria del embajador venezolano en Madrid, Mario Ricardo Isea, según informaron fuentes diplomáticas españolas a The Diplomat. Maduro aseguró que su país, a través de la Asamblea Nacional, denunciará “ante todos los escenarios” la citada ley española, que tildó de “fascista”, por violar supuestamente los Derechos Humanos.
El último incidente diplomático entre España y Venezuela data de finales de abril cuando el Gobierno español llamó a consultas a su embajador en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, en respuesta a la “escalada de insultos, calumnias y amenazas” por parte de Maduro, quien acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de “apoyar el terrorismo” en su país. El embajador español volvió a los pocos días tras unas declaraciones conciliatorias desde Caracas.
El secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, terció también en la polémica al advertir ayer que el régimen venezolano “está siguiendo los mismos argumentos que Podemos utiliza en España”. Para el dirigente popular, con esta resolución parece que “el Gobierno de Venezuela olvida los pronunciamientos de organismos internacionales sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en su país, los pronunciamientos del Comité contra la tortura de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Grupo de Trabajo de sobre detenciones arbitrarias de la Organización y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Garcia-Hernández subrayó que si de verdad al Gobierno venezolano le preocupa la defensa de los DD.HH, “que permita elecciones libres, que permita que todos los candidatos puedan concurrir en igualdad de oportunidades y que no los inhabilite, que permita la observación internacional como se le pide desde distintas instancias y que libere de una vez a los presos políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos”.
